
Yucatán aprueba aborto legal
En una histórica sesión, el Congreso de Yucatán aprobó ayer la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, sumándose así a la lista de estados mexicanos que han eliminado las sanciones penales contra las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo.
Con una votación de 22 votos a favor y 13 en contra, los legisladores yucatecos dieron cumplimiento a la orden emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en agosto de 2024, que mandataba la derogación de los artículos del Código Penal estatal que criminalizaban el aborto.
"Esta decisión representa un avance significativo en la protección de los derechos reproductivos en nuestra entidad", señaló uno de los legisladores que votó a favor de la reforma durante la sesión.
Un mandato judicial cumplido
La reforma legislativa responde directamente al fallo de la SCJN que ordenó al Congreso local derogar los artículos que penalizaban el aborto autoprocurado y consentido, siguiendo los criterios establecidos en sentencias previas y reafirmando que la criminalización del aborto es inconstitucional.
Cabe recordar que desde septiembre de 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucional la criminalización de mujeres y personas gestantes por interrumpir voluntariamente su embarazo, sentando así un precedente nacional que ha impulsado cambios legislativos en diversas entidades del país.
El mapa del aborto legal en México: Una marea verde imparable
Con la incorporación de Yucatán, ya son 23 los estados que han despenalizado parcialmente el aborto voluntario en México. Este avance representa un hito histórico para los derechos reproductivos en el país: en 2007, el aborto solo estaba despenalizado en la Ciudad de México, y en apenas siete años, la marea verde ha conquistado más de la mitad del territorio nacional.
La velocidad de este cambio social es sin precedentes. Mientras que el matrimonio igualitario tardó más de 12 años en ser reconocido a nivel nacional, el derecho al aborto avanza a un ritmo acelerado gracias a la fuerza del movimiento feminista.
En la mayoría de estas entidades, las mujeres y personas gestantes pueden interrumpir su embarazo por decisión propia hasta las 12 semanas de gestación, mientras que Sinaloa ofrece un plazo ligeramente mayor, permitiéndolo hasta la semana 13.
Las entidades donde el aborto ha sido despenalizado incluyen:
- Ciudad de México (pionera desde 2007)
- Oaxaca
- Hidalgo
- Veracruz
- Coahuila
- Baja California
- Colima
- Sinaloa
- Guerrero
- Baja California Sur
- Quintana Roo
- Aguascalientes*
- Estado de México
- Jalisco
- Michoacán
- Puebla
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
El caso de Aguascalientes merece especial atención: aunque el aborto se despenalizó inicialmente hasta la semana 12.6 en diciembre de 2023, en agosto de 2024 el congreso local redujo este plazo a solo seis semanas, representando un grave retroceso en los derechos reproductivos.
El pasado jueves 30 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de aborto en Chihuahua, donde actualmente se castiga con hasta tres años de prisión. Ahora, el Congreso local tiene un plazo no mayor a 90 días para modificar su Código Penal y armonizarlo con la resolución del máximo tribunal.
No solo Chihuahua debe modificar su marco normativo. Otras entidades también han recibido órdenes judiciales para avanzar en la despenalización del aborto:
Morelos: Un tribunal colegiado ordenó al Congreso del estado que legisle en favor de la interrupción legal del embarazo.
Más allá de la ley: El verdadero desafío por la justicia reproductiva
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos celebraron la decisión del Congreso yucateco, destacando que este avance no solo responde a las demandas de las mujeres y personas gestantes, sino que también establece un precedente importante en la lucha por la autonomía reproductiva en México.
"La despenalización del aborto en Yucatán es un logro que se suma a la marea verde que recorre el país, garantizando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos", expresó una representante de colectivos feministas locales.
Sin embargo, activistas advierten que el verdadero desafío no es solo cambiar la ley, sino transformar la realidad. Para ello, es necesario asegurar infraestructura adecuada, personal capacitado y protocolos de atención que lleguen a todas las mujeres y personas gestantes, especialmente a quienes aún enfrentan barreras estructurales para ejercer sus derechos.
"Sin acceso real, la conquista sigue siendo solo una promesa", señaló una integrante del movimiento por el derecho a decidir. "Necesitamos atención médica segura, gratuita y libre de estigma en todos los rincones del país".
Las autoridades sanitarias deberán ahora establecer los protocolos necesarios para garantizar que las mujeres y personas gestantes puedan acceder a servicios de aborto seguros y gratuitos dentro del sistema de salud público estatal, un paso crucial para que el derecho conquistado no quede solo en el papel.