Una sentencia para Fátima, para Lorena y para todas: la SCJN reconoce el derecho a la reparación

Este fallo no solo representa un triunfo para su familia, sino también un precedente jurídico y humano de enorme relevancia para miles de familias que, como la de Fátima, han tenido que luchar contra el sistema para ser reconocidas, escuchadas y reparadas.

“Ya no festejamos, luchamos”

Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, nos compartió en exclusiva:

“Desde el primer momento en que te asesinan a una hija, te cambia la vida. Ya no hay festejos. Nosotros protestamos, gritamos, exigimos. Tenemos un fin: arrancarle la justicia al Estado mexicano”.

Fátima tenía apenas 12 años cuando fue brutalmente asesinada por tres vecinos. La violencia que sufrió y la respuesta institucional evidenciaron un entorno de negligencia, abandono e impunidad. Pero el dolor no terminó ahí. Cinco años después, su hermano menor, Daniel Emiliano, murió también, a consecuencia de una negligencia médica en el estado de Monterrey, donde se encontraban desplazados bajo un sistema nacional de protección. Su madre lo nombra como una víctima colateral del feminicidio de Fátima, y denuncia que el sistema fue omiso incluso cuando él se encontraba bajo medidas de protección.

“Daniel no merecía que el sistema fuera indolente, que no les importara que era un niño, que era una víctima colateral del feminicidio de su hermana”, afirma Lorena. “Nosotros ya no festejamos nada. Yo lucho todos los días, y todos los días de aquí a lo que me reste de vida los voy a ocupar para exigir justicia para Fátima y Daniel”.

A lo largo de una década, Lorena ha denunciado irregularidades en el proceso penal, omisiones de autoridades, amenazas y revictimización. En sus palabras, el asesinato de sus dos hijos convirtió su vida en un infierno. “No le deseo este dolor a nadie. El feminicidio y el asesinato de mis dos niños es algo que ninguna familia debería vivir”, dice.

¿Qué significa ser víctima indirecta de un feminicidio?

Cuando una niña o una mujer es asesinada por razones de género, sus familias también sufren daños profundos. La pérdida, la impunidad, la revictimización institucional, el estigma social y el abandono del Estado las convierten también en víctimas. Sin embargo, en México no siempre han sido reconocidas así. La sentencia de la SCJN marca un antes y un después al afirmar que las víctimas indirectas tienen derecho a la verdad, a la reparación integral y a garantías de no repetición.

Sentencia histórica que reconoce el daño completo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país. Su función es interpretar la Constitución y proteger los derechos humanos. Que haya sido este tribunal quien reconociera a la familia de Fátima tiene un profundo valor simbólico y jurídico. Este fallo, aprobado por unanimidad en la Primera Sala a propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, sienta un precedente obligatorio para futuras decisiones judiciales. Es la primera vez que se ordenan medidas tan amplias y específicas para una familia víctima de feminicidio.

El fallo de la Corte ordena que la familia de Fátima reciba atención psicosocial, medidas de seguridad y una reparación integral sin limitaciones presupuestales. Además, obliga al gobierno del Estado de México a implementar medidas de no repetición: mejorar el transporte y la vigilancia en la zona donde ocurrió el crimen, capacitar a sus funcionarios, construir un memorial en honor a Fátima y ofrecer una disculpa pública.

La familia de Fátima no ha estado sola. Desde el inicio ha sido acompañada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una red de organizaciones de la sociedad civil que luchan por el acceso a la justicia para las víctimas. Gracias a su respaldo jurídico, político y humano, el caso se mantuvo en la agenda pública.

El OCNF ha subrayado que esta sentencia debe convertirse en un modelo de actuación para fiscalías, tribunales y gobiernos de todo el país.

Una sentencia para Fátima, para Lorena y para todas

Esta sentencia es para Fátima. Pero también es para Lorena, para Daniel, para cada madre que ha perdido a su hija y ha sido ignorada. Para cada familia que ha sido desplazada, empobrecida y silenciada por exigir justicia. Es un recordatorio de que el feminicidio no termina con el asesinato: el Estado puede y debe asumir su responsabilidad por el daño, el abandono y el silencio.

“No merecemos más dolor encima del dolor”, nos dijo Lorena. “Sabemos que no llegamos todas. Las que seguimos en la lucha, lo hacemos cargando ausencias. Las víctimas de feminicidio no están. ¿A qué le tienen miedo?”.

Reconocer a las víctimas indirectas es un paso vital para construir un país donde la justicia no se mida en años de espera, sino en dignidad y reparación.