Trump en 100 días: una dura reconfiguración de EE.UU.

Desde el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump ha ejecutado un plan de acción que reestructura el poder federal, redefine alianzas internacionales y reinstala una visión dura sobre migración, seguridad y comercio. Su regreso no ha sido una continuación del primer mandato; ha sido una aceleración. La pregunta ya no es si cumple sus promesas de campaña, sino cómo se está redefiniendo el equilibrio institucional bajo su mando.

Una ofensiva ejecutiva

A continuación, un recuento de las decisiones más relevantes adoptadas por el presidente Trump desde que retomó el poder:

• Orden ejecutiva para investigar “politización” en agencias: En su primer día, firmó un decreto que instruyó al Departamento de Justicia a indagar presuntos sesgos partidistas en agencias clave, especialmente aquellas que participaron en investigaciones contra él en el pasado.

• Remoción de credenciales de seguridad: Retiró autorizaciones a más de 50 exfuncionarios de inteligencia —incluyendo a Joe Biden, Hillary Clinton y Kamala Harris—, bajo el argumento de que habían usado su influencia para “engañar al público”.

• Purgas en el Departamento de Justicia y el FBI: Ha despedido o degradado a decenas de fiscales y agentes que participaron en investigaciones sobre la interferencia rusa en 2016, el caso de documentos clasificados y el asalto al Capitolio en 2021.

• Investigaciones federales: Ordenó que se abrieran casos contra antiguos colaboradores que lo criticaron públicamente, como Christopher Krebs (exjefe de ciberseguridad) y Miles Taylor (exfuncionario de Seguridad Nacional).

• Cancelación de contratos a despachos legales: Emitió decretos contra bufetes como Covington & Burling y WilmerHale por haber representado a fiscales que lo investigaron. Nueve firmas evitaron sanciones tras comprometerse a realizar trabajo pro bono por valor de casi mil millones de dólares.

• Creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental: Una nueva oficina encargada de eliminar programas considerados “innecesarios”. Aunque su alcance aún es difuso, ya ha sugerido recortes a vivienda, alimentación, salud pública y arte.

• Confrontación con Maine: Luego de un desacuerdo con la gobernadora Janet Mills sobre la participación de atletas trans en escuelas, tres agencias iniciaron auditorías al estado, se congelaron fondos y el Departamento de Justicia interpuso una demanda federal.

Cada una de estas acciones forma parte de un patrón: consolidar el poder ejecutivo, castigar disidencias internas y disciplinar a gobiernos estatales y actores privados que contradicen la línea presidencial.

El historiador Jeremi Suri ha descrito así esta etapa: “Lo inusual no es que un presidente tenga enemigos, sino que utilice la totalidad del gobierno federal no para excluirlos, sino para castigarlos directamente”.

El único precedente en términos de velocidad legislativa y reordenamiento institucional sigue siendo Franklin D. Roosevelt en 1933. En sus primeros cien días, Roosevelt promulgó el “New Deal” en respuesta a una crisis económica y social. El presidente Trump también ha utilizado sus primeros cien días para rehacer estructuras, aunque en dirección opuesta: menos gasto público, más control vertical, menos deliberación interinstitucional.

Contención y disuasión migratoria

Una de las áreas donde se han retomado políticas con mayor rapidez es migración. El presidente Trump reactivó el programa “Remain in Mexico”, forzando a los solicitantes de asilo a esperar su proceso fuera de territorio estadounidense. Esta vez, a diferencia del pasado, el programa se acompaña de una nueva infraestructura financiada por el Departamento de Defensa.

También se reinstauró una versión del veto migratorio, que prohíbe la entrada de personas de ciertos países de América Latina y África. Los criterios, según el Departamento de Seguridad Nacional, incluyen “niveles de cooperación insuficientes y amenazas para la seguridad nacional”, aunque no se ha detallado públicamente qué países exactos están incluidos.

La separación administrativa de familias también ha vuelto, aunque bajo directrices distintas: se argumenta que es temporal y preventiva para menores no acompañados, pero organizaciones humanitarias denuncian un aumento en los casos de niños detenidos sin representación legal.

En la frontera sur, las deportaciones rápidas se han multiplicado, y el número de detenciones por día ha superado niveles previos a la pandemia. Varios albergues en El Paso y McAllen han colapsado por el volumen de migrantes retornados a México.

La relación con México ha oscilado entre la presión y la cooperación forzada. Aunque ambos países han reforzado operativos conjuntos, el presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles unilaterales si México no “contiene el flujo de personas en tránsito”. En marzo, filtraciones del Departamento de Estado revelaron que EE.UU. condicionó la aprobación de fondos de desarrollo a mayores detenciones por parte del INM mexicano.

Con El Salvador, el presidente ha ido más lejos: no solo ha elogiado la política de “mano dura” de Nayib Bukele, sino que ha respaldado públicamente la megacárcel de Tecoluca, conocida por albergar a más de 40 mil personas detenidas sin juicio. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado condiciones inhumanas, detenciones arbitrarias y tortura. A pesar de ello, Trump ha ofrecido asistencia económica al gobierno salvadoreño para ampliar su modelo de seguridad.

Estas alianzas, construidas bajo una lógica de resultados inmediatos en migración y orden público, refuerzan el estilo de gobierno que el presidente busca replicar dentro de EE.UU.: autoridad vertical, obediencia operativa y baja tolerancia a la disidencia institucional.

En el plano económico, la administración ha impuesto nuevos aranceles a productos tecnológicos y farmacéuticos provenientes de China, lo que ya ha generado aumentos de precios en sectores sensibles como electrónicos y automotriz. Además, se ha restringido el acceso de empresas chinas a contratos públicos, y se ha denunciado a Pekín por supuesta injerencia cibernética.

En paralelo, se retiró la participación de EE.UU. en el tratado comercial transpacífico reformado y se congelaron contribuciones a organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio y la Organización Panamericana de la Salud.

Mientras tanto, diplomáticos estadounidenses han sido retirados de varias sedes en Asia y América Latina bajo el argumento de “reestructuración estratégica”. Para los críticos, esto representa un retraimiento del liderazgo global estadounidense y un debilitamiento de alianzas históricas.

A cien días, el presidente Trump ha demostrado que gobierna con urgencia. Ha cumplido su promesa de actuar rápido, pero aún no está claro qué tipo de país resultará de esta transformación. Con niveles de aprobación en descenso y tensiones latentes con gobiernos estatales, cortes federales y actores internacionales, los próximos meses serán decisivos para saber si este rediseño se estabiliza… o se rompe.