Tribunales bajo vigilancia, inmigrantes son arrestados por ICE tras asistir a audiencias legales en Arizona

Entre el martes 20 y el miércoles 21 de mayo de 2025, varios inmigrantes fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al salir del tribunal de inmigración en Phoenix, Arizona. De acuerdo con testimonios recabados por medios como ABC 15 Arizona, AZ Central y Newsweek, los detenidos habían acudido a audiencias relacionadas con solicitudes de asilo; algunos pensaban que sus casos ya habían sido desestimados.

Los arrestos fueron realizados por agentes encubiertos que, según abogados, no se identificaron claramente y, en al menos un caso, portaban un arma larga.

El abogado Eugene Delgado declaró a AZ Central que su cliente fue interceptado en el estacionamiento tras una audiencia judicial. Isaac Ortega, otro abogado de inmigración, afirmó a Newsweek que su representado, sin antecedentes penales, había ingresado legalmente a través del programa CBP One y se preparaba para una entrevista de temor creíble cuando fue detenido.

Reportes similares fueron documentados en Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas y Seattle. Según Tucson Sentinel, estos operativos se concentraron en personas cuyos casos fueron desestimados, lo cual facilitaría una deportación acelerada. La abogada Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva de Immigration Defenders Law Center, señaló que “los arrestos están ocurriendo justo después de que los jueces desestiman los casos”, lo que acelera la ejecución de expulsiones sin revisar condiciones adicionales.

Estos operativos se desarrollaron después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revocara en enero de 2025 la política de “lugares sensibles”, establecida durante la administración Obama. Esta política, según registros del propio DSN, tenía como objetivo garantizar que escuelas, hospitales y tribunales no se convirtieran en sitios de riesgo para personas en situación migratoria irregular. Su eliminación fue notificada por el DSN como parte de una estrategia más amplia de cumplimiento migratorio.

Diversos organismos han advertido sobre los efectos de estas prácticas. La ACLU, en su informe de 2018 sobre arrestos en tribunales, advirtió que estos operativos reducen la asistencia a audiencias legales, incluso entre personas con fuertes posibilidades de regularizar su situación. El National Immigrant Justice Center señaló en su análisis de 2019 que las detenciones en entornos judiciales “minan la integridad del sistema legal y disuaden la participación cívica”.

El contexto operativo también ha cambiado. En enero de 2025, el gobierno federal autorizó la colaboración de agencias como el FBI, la DEA, la ATF y el Servicio de Alguaciles en operativos migratorios, de acuerdo con documentos internos obtenidos por The Intercept. Este despliegue interinstitucional permite extender los operativos más allá de las cortes y genera nuevos desafíos en términos de rendición de cuentas y fiscalización de las acciones ejecutadas.

Desde una perspectiva internacional, prácticas como esta se alinean con patrones de criminalización de la migración en sistemas donde el aparato legal se utiliza para disuadir o controlar la movilidad de poblaciones vulnerables. El International Commission of Jurists ha advertido que las detenciones sistemáticas fuera de tribunales, sin mandato judicial claro y sin identificación formal por parte de los agentes, pueden contravenir lo establecido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Estos hechos también tienen precedentes recientes. En 2017, el New York Times documentó cómo ICE llevó a cabo arrestos fuera de tribunales en Nueva York, lo que generó protestas de jueces estatales y organizaciones civiles. La entonces fiscal general del estado calificó esas prácticas como “intimidatorias e inconstitucionales”.

El abogado Mo Goldman, experto en inmigración y candidato al Congreso por Arizona, recomendó esta semana que las personas acudan a sus audiencias acompañadas por abogados o personas de confianza con estatus legal. “Es fundamental que haya testigos de cualquier encuentro con agentes”, dijo a Univision Arizona.

Lindsay Toczylowski advirtió que “estamos viendo cómo las cortes dejan de ser espacios de justicia para convertirse en zonas de vigilancia estatal”. Su observación resume una preocupación creciente entre expertos legales: que el sistema migratorio, lejos de ofrecer garantías procesales, esté reforzando mecanismos de exclusión que limitan el acceso a derechos incluso para quienes intentan seguir los cauces institucionales establecidos.