SCJN ordena nueva sentencia por el feminicidio de Sandra Camacho y sienta un precedente nacional
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este 21 de mayo una nueva sentencia contra Javier Méndez Ovalle, responsable del feminicidio de Sandra Camacho Aguilar, asesinada hace 12 años en un departamento de Tlatelolco. El fallo, unánime, anula la condena anterior de 50 años y exige una nueva resolución que contemple los agravantes de género que fueron ignorados por el tribunal de apelación.
La SCJN determinó que se transgredieron los derechos de la víctima y de sus familiares al debido proceso y a la verdad. Entre los elementos omitidos, destacan la violencia sexual ejercida contra Sandra, así como la relación de confianza que el agresor construyó con ella a través de redes sociales. La Corte también ordenó que la nueva sentencia se dicte con perspectiva de género, evitando cualquier consideración que pueda revictimizar a la joven o sugerir responsabilidad de su parte.
Además de la nueva condena, que podría alcanzar hasta 60 años de prisión, el fallo ordena dar vista a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a su homóloga en la Ciudad de México para promover medidas de reparación del daño. Entre estas, se incluyen acciones para evitar la difusión de imágenes, datos o información que revictimicen a Sandra y a su familia, y la posibilidad de solicitar medidas cautelares.
El caso de Sandra, quien tenía 17 años al momento de su asesinato, fue durante años un ejemplo de cómo el sistema judicial ignora los contextos de violencia de género. La sentencia previa fue dictada sin considerar agravantes fundamentales, lo que generó una lucha prolongada por parte de sus familiares y organizaciones de derechos humanos para exigir justicia plena.
Rodolfo Manuel Domínguez, abogado de la familia y representante de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género A.C., destacó que la cobertura mediática del caso especuló sobre la vida personal de Sandra, reforzando estereotipos de género que afectaron su derecho a la justicia en condiciones de igualdad. Este fallo, señaló, representa no solo un avance legal, sino también una forma de reparación vinculada al derecho a la verdad.
La resolución de la Corte abre un precedente importante para que los tribunales del país integren el contexto social y estructural en que se cometen los feminicidios. Obliga al sistema de justicia a visibilizar las razones de género, el impacto psicosocial y familiar de los crímenes, y a dictar sentencias que reconozcan el daño integral.
La familia de Sandra, acompañada por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, presenció la sesión desde el exterior de la Corte, rodeada de cruces, fotografías y consignas. Allí, como en tantos otros casos, la justicia llegó tarde. Pero llegó con nombre, con contexto, y con una advertencia clara: en los casos de feminicidio, ya no bastará con castigar. Habrá que mirar, nombrar y reparar.