Radiografía del aborto en México a días del 8M: 21 estados lo han despenalizado
Con la reciente incorporación de Campeche, México consolida un avance histórico en derechos reproductivos superando la velocidad del matrimonio igualitario, aunque persisten desafíos en la implementación de servicios seguros y accesibles para todas las mujeres.
A pocos días del 8M, el panorama de los derechos reproductivos en México sigue transformándose. El Congreso de Campeche aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose así en el estado número 21 donde las mujeres ya no pueden ser criminalizadas por esta decisión.
Un avance acelerado
La llamada "Marea Verde" avanza a una velocidad sin precedentes en el país. Mientras que en 2007 el aborto solo era legal en la Ciudad de México, hoy ya son 21 los estados que han eliminado las sanciones penales para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Solo en el último año, ocho estados se han sumado a esta tendencia, lo que representa casi un tercio del total de despenalizaciones logradas hasta ahora. Esta velocidad resulta especialmente significativa si se compara con otros avances en derechos civiles: mientras el matrimonio igualitario tardó más de 12 años en ser reconocido a nivel nacional, los derechos reproductivos han transformado más de la mitad del país en apenas 7 años.
¿Dónde se puede interrumpir un embarazo legalmente?
Actualmente, las mujeres pueden acceder a una interrupción legal del embarazo por libre decisión hasta las 12 semanas de gestación en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Chiapas y el recién incorporado Campeche.
Sinaloa representa un caso especial, pues permite el aborto hasta la semana 13 de gestación, siendo el estado con el plazo más amplio en el país.
Retrocesos y situaciones especiales
No todo han sido avances. En Aguascalientes, por ejemplo, tras haber logrado la despenalización hasta la semana 12.6 en diciembre de 2023, el Congreso local redujo este plazo a solo seis semanas en agosto de 2024, lo que representa un importante retroceso para los derechos de las mujeres y personas gestantes.
Yucatán constituye otro caso particular: aunque el aborto se despenalizó mediante una orden judicial, paradójicamente continúa tipificado como delito en el Código Penal estatal, generando una contradicción legal que dificulta el acceso efectivo a este derecho.
El papel de la Suprema Corte
Desde septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres y personas gestantes por interrumpir su embarazo en todo el país. Esta decisión ha sido fundamental para impulsar cambios a nivel estatal.
En enero de este año, el máximo tribunal declaró inconstitucional el delito de aborto en Chihuahua, donde actualmente se castiga con hasta tres años de prisión, y ordenó al Congreso local modificar su Código Penal en un plazo de 90 días.
Otras entidades también han recibido órdenes judiciales para avanzar en la despenalización, como es el caso de Morelos, donde un tribunal colegiado ordenó al Congreso del estado que legisle en favor de la interrupción legal del embarazo.
Estados donde el aborto sigue penalizado
A pesar de estos avances, en nueve estados el aborto continúa siendo un delito y las mujeres pueden enfrentar consecuencias legales por interrumpir su embarazo: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.
Despenalización vs. legislación
Especialistas en el tema subrayan la importante diferencia entre despenalizar y legislar el aborto. La despenalización significa eliminar las sanciones penales para las mujeres que se someten a un aborto, mientras que la legislación implica la creación de un marco regulatorio que garantice el acceso a servicios seguros, estableciendo condiciones y requisitos para que las mujeres puedan acceder de manera efectiva a una interrupción legal.
Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Electiva (GIRE) e IPAS coinciden en que eliminar el castigo penal, aunque representa un hito histórico, es apenas el primer paso. El verdadero desafío está en construir un sistema integral que vaya más allá de los cambios legales y garantice infraestructura médica adecuada, personal capacitado y protocolos libres de estigma para todas las mujeres, particularmente en comunidades marginadas donde los derechos conquistados en el papel aún están lejos de materializarse en la realidad cotidiana.
El camino por recorrer
Si bien México ha avanzado significativamente en la despenalización del aborto, el reto ahora es transformar estos cambios legales en un acceso real y efectivo a servicios de salud reproductiva de calidad para todas las mujeres, independientemente de su ubicación geográfica o condición socioeconómica.
Tanto GIRE como IPAS enfatizan que se requiere un enfoque integral que considere los derechos humanos de las mujeres y las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables para garantizar que lo conquistado en el terreno legal se traduzca en una realidad para las millones de mexicanas que podrían requerir acceder a una interrupción del embarazo en condiciones seguras y dignas.