Pinchazos en el Metro: Morena acusa al PAN de manipulación mediática
El Congreso de la Ciudad de México analiza una polémica iniciativa para tipificar los "pinchazos" en el transporte público como delito, mientras se desata una guerra política entre Morena y el PAN por la veracidad de las denuncias. Diputados morenistas presentaron este domingo una propuesta para castigar con 2 a 5 años de prisión la administración subrepticia de sustancias, al tiempo que denunciaron una "campaña de terror" orquestada por la oposición.
Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora de Morena en el Congreso local, detalló que la reforma al Código Penal busca sancionar específicamente "la administración no consentida de sustancias psicoactivas o tóxicas que pongan en riesgo la vida". La legisladora aseguró que aunque este fenómeno se ha visto en otras latitudes del mundo, en la capital de México requiere un marco legal claro.
Por su parte, el diputado Paulo García exhibió lo que calificó como "montaje mediático" al mostrar videos de Luis Hernández, un joven que denunció ante medios nacionales ser víctima de pinchazos y que resultó ser activista vinculado a la alcaldesa panista de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. "Es el mismo que participa en mítines contra la Reforma Judicial", acusó el diputado por Coyoacán
La controversia se intensificó al revelar que la organización "No es una, somos todas", asociada a Rojo de la Vega y a la analista Denise Dresser, ha sido clave en la difusión del caos por los pinchazos. Más sorprendente resultó la declaración de Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN capitalino, quien afirmó tener contacto con el 30% de las supuestas víctimas, al lo que Paulo cuestionó cómo era posible que, para una red de transporte público que transporta a 3 millones de personas al día, la oposición pueda presumir una red de cercanía con 30 por ciento de quienes presuntamente han sido víctimas de “pinchazos”.
Mientras el gobierno capitalino implementa protocolos de seguridad en el Metro, la Fiscalía reporta 68 carpetas de investigación abiertas. Morena insiste en que detrás hay una estrategia para desprestigiar al gobierno y afectar las elecciones judiciales, mientras la oposición exige acciones concretas ante lo que consideran una grave amenaza a la seguridad de las mujeres. El transporte público se convierte así en el escenario de una batalla política donde se juega tanto la percepción de seguridad como capital electoral.