Milei endurece la política migratoria y cede ante Trump en comercio exterior
En un contexto político marcado por el recambio legislativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei avanza con una serie de medidas que agitan el tablero nacional. Desde una reforma migratoria restrictiva hasta la habilitación para importar maquinaria agrícola usada desde Estados Unidos, las decisiones del Ejecutivo muestran una agenda enfocada en el ajuste económico, el alineamiento con Washington y la exclusión social como política de Estado.
Elecciones estratégicas en la capital
El próximo 16 de junio, los votantes de la Ciudad de Buenos Aires renovarán 30 de los 60 escaños de la Legislatura porteña. El oficialismo local (PRO) pone en juego 15 bancas, Unión por la Patria 8, La Libertad Avanza 5, y el Frente de Izquierda buscará retener sus 2 lugares. Se trata de una elección clave para medir el respaldo al gobierno nacional en el distrito más visible del país.
La nueva reforma migratoria impulsada por el gobierno aún no ha sido oficializada, pero fue anunciada públicamente como un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que podría entrar en vigor de inmediato, a menos que sea rechazado por ambas cámaras del Congreso.
Entre los puntos centrales del plan se encuentran:
- Deportación inmediata de personas con antecedentes penales, incluso si ya residen en el país.
- Expulsión automática para quienes ingresen por pasos fronterizos no habilitados o presenten información falsa.
- Reducción de plazos para apelar deportaciones.
- Atención médica pública solo para personas con residencia permanente o en casos de emergencia.
- Cobros universitarios a estudiantes con residencia migratoria temporal.
- Requisitos más estrictos para obtener residencia legal y ciudadanía, incluyendo dos años de permanencia continua o una inversión económica significativa.
La medida afecta especialmente a comunidades como la peruana, una de las más grandes de América Latina en Argentina. Según datos de Migraciones Perú, entre 1994 y 2023, el 12.9 % de los emigrantes peruanos eligieron Argentina como país de residencia. Hoy, miles observan con incertidumbre cómo podrían cambiar sus condiciones de vida, de acceso a salud, educación y trámites migratorios.
El vocero presidencial Manuel Adorni justificó la reforma afirmando que busca “restaurar el orden” y garantizar que los recursos públicos “se destinen prioritariamente a los ciudadanos argentinos”.
Organizaciones de derechos humanos, como el CELS, denunciaron que muchas de estas disposiciones violan la legislación vigente y compromisos internacionales. Además, alertan que estas políticas criminalizan la migración, refuerzan estigmas y generan temor entre comunidades vulnerables.
Concesiones a EE. UU.: la industria local en alerta
En paralelo, el Ejecutivo confirmó la apertura a la importación de maquinaria agrícola usada desde Estados Unidos, una práctica que había sido restringida por su impacto negativo sobre la industria nacional.
Según el periodista Ariel Maciel (Editorial Perfil), esta medida responde a exigencias del FMI y del gobierno de Donald Trump, como parte de las negociaciones para conseguir 50 excepciones al arancel del 10 % que EE. UU. impuso a productos argentinos.
“Argentina no necesita tecnología usada: produce maquinaria agrícola de calidad. Esta medida responde a un reclamo externo. Afecta directamente a un sector que fue de los más dinámicos incluso durante la recesión y la pandemia”, señaló Maciel.
El ingreso de estas máquinas, muchas provenientes de Texas, también afectaría zonas como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde la fabricación de maquinaria genera empleo en pequeñas ciudades dependientes del agro.
Un rumbo con costos humanos y productivos
Aunque las reformas migratorias y comerciales fueron anunciadas en momentos distintos, comparten una lógica: alineamiento con exigencias externas y recorte de derechos internos. En nombre de la eficiencia y el orden, el gobierno avanza en medidas que marginan a comunidades migrantes, amenazan sectores industriales y tensan relaciones institucionales.
A días de una elección estratégica en CABA, el Ejecutivo busca reforzar su narrativa de control y disciplina. Pero lo hace al costo de profundizar desigualdades, debilitar capacidades productivas y aumentar la incertidumbre de miles de personas que ya forman parte activa del entramado social argentino.