Mil dólares por desaparecer, la administración Trump impulsa la autodeportación

Con una orden ejecutiva firmada el 9 de mayo, el presidente Donald Trump activó el programa Project Homecoming, una nueva iniciativa federal que ofrece a migrantes indocumentados un estímulo económico de mil dólares y transporte gratuito para que abandonen el país por voluntad propia. La medida, descrita por el Departamento de Seguridad Nacional como un esfuerzo “eficiente y humano”, representa un giro radical en el lenguaje, pero no necesariamente en la práctica: bajo una apariencia administrativa, lo que se implementa es una política de exclusión acelerada.

De acuerdo con un memorando oficial, el programa busca reducir los costos del sistema migratorio —estimados en más de 17 mil dólares por deportación— y descongestionar los procesos judiciales que hoy acumulan más de cuatro millones de casos pendientes. Pero más allá del ahorro, el corazón de esta política está en el incentivo: que las personas renuncien voluntariamente a su derecho de defensa y abandonen el país sin audiencia.

“Si decides autodeportarte, estás aceptando irte sin presentar tu caso frente a un juez”, explica David Brotherton, profesor de sociología y criminología en John Jay College. “Eso elimina por completo el debido proceso. Es una forma de rendición legal, muchas veces por miedo o agotamiento emocional”.

El precedente que no se menciona

Aunque Project Homecoming se anuncia como una novedad, la historia migratoria de Estados Unidos está llena de antecedentes similares. Durante la Gran Depresión, el gobierno impulsó la “Repatriación Mexicana”, una campaña de presión social y redadas locales que terminó expulsando, oficialmente “por voluntad propia”, a más de un millón de personas de origen mexicano, muchas de ellas ciudadanas estadounidenses.

Décadas después, en 1954, la “Operación Wetback” organizó deportaciones masivas en Texas y California bajo una narrativa de crisis laboral. Las personas eran detenidas en redadas sin audiencia, llevadas a bordo de barcos sobrepoblados o camiones sin ventilación, y muchas murieron en el trayecto.

La diferencia con Project Homecoming está en la retórica y los mecanismos tecnológicos —una app de CBP y boletos de avión pagados por el gobierno—, pero la lógica de fondo permanece: inducir la salida sin intervención judicial.

“Este es el punto más extremo de una política que ha ido radicalizándose desde el primer mandato de Trump”, señala Brotherton. “Su discurso siempre ha sido el de deportar millones, y esta orden busca cumplirlo sin pasar por las cortes”.

Legalidad desplazada

El programa se presenta como voluntario, pero tiene implicaciones profundas en términos legales. Según expertos de la American Immigration Council, aceptar la autodeportación elimina la posibilidad de acceder a mecanismos como el asilo, la cancelación de deportación o la regularización por vínculos familiares. Todo esto sin haber sido escuchado por un juez.

Brotherton señala que detrás del programa hay un intento de acelerar los procesos sin supervisión judicial. “Lo que quieren hacer es declarar una emergencia nacional y aplicar el Alien Sedition Act de 1798, lo que les permitiría suspender el habeas corpus. Es decir: deportar sin audiencia ni revisión legal. Esa intención ya ha sido planteada por la administración, aunque las cortes no lo han permitido aún”.

En paralelo, la administración ha presionado al Congreso para ampliar el presupuesto de ICE y contratar a más de 20,000 nuevos agentes, lo que incluye habilitar a otras agencias federales, como la DEA y el FBI, para colaborar en casos migratorios.

Desgaste psicológico, no libre elección

Desde el punto de vista técnico, autodeportarse parece una decisión. Pero para quienes viven en la sombra del sistema migratorio, la línea entre decisión y desesperación es borrosa.

“Lo que hace esta política es presentar como elección lo que en realidad es una huida,” señala Brotherton. “Las personas están expuestas a redadas, amenazas, deportaciones aceleradas. Ven que sus compañeros desaparecen, que ICE aparece en las estaciones, que no hay abogados suficientes. Entonces renuncian antes de enfrentar algo peor.”

En las últimas semanas, medios locales en Nueva York han reportado redadas en campos agrícolas del norte del estado, incluyendo detenciones en autobuses que transportaban trabajadores del campo en Buffalo. Las organizaciones de defensa legal reportan un aumento en las consultas por miedo a deportación, aún entre personas con casos pendientes.

Brotherton añade que incluso la amenaza de ser enviado a un tercer país, como El Salvador o Panamá —algo que ya ha ocurrido en al menos 500 casos, según cifras de Human Rights Watch—, refuerza la presión. “Aunque la probabilidad sea baja, el miedo es real. Y eso basta para que muchas personas decidan irse.”

Consecuencias económicas y humanas

La política también impacta a sectores clave de la economía. Según el Departamento de Agricultura, al menos la mitad de los trabajadores del campo en Estados Unidos son indocumentados. En sectores como la industria cárnica, la proporción supera el 60%.

“Si desaparecen esos trabajadores, habrá una crisis directa en la cadena de suministro,” dice Brotherton. “Alza de precios, escasez, y colapso en la producción de alimentos. Pero el gobierno parece dispuesto a asumir ese costo con tal de sostener su narrativa.”

A esto se suma la tensión con los empleadores. La American Farm Bureau ya ha advertido que, si el programa se vuelve masivo, la producción agrícola del verano podría enfrentar una de las peores temporadas de la última década. No hay suficientes trabajadores documentados para suplir la mano de obra que podría desaparecer.

Una política racializada

Aunque la orden ejecutiva no menciona raza, su implementación refuerza patrones históricos de discriminación. Mientras se intensifican las redadas en comunidades latinas y negras, el discurso oficial ha dado la bienvenida a inmigrantes blancos, en particular sudafricanos que alegan persecución.

“Trump ha sido abierto en su racismo”, dice Brotherton. “Esto no es implícito. Es una política que define quién merece quedarse y quién debe irse, según su origen. Y esa línea siempre excluye a los más vulnerables.”

La afirmación de que incluso los portadores de green card pueden ser deportados ha sembrado confusión y ansiedad entre personas que creían haber alcanzado una estabilidad migratoria.

Project Homecoming no es una solución humanitaria. Es una estrategia de reducción de daños administrativos para una maquinaria migratoria colapsada, que ha perdido capacidad de respuesta pero mantiene su voluntad de castigo.

La deportación por incentivo elimina del mapa al migrante sin dejar huella judicial. No hay audiencia, no hay juez, no hay defensa. Solo hay una salida rápida, un vuelo pagado, y una firma que cierra el caso sin que nadie lo haya escuchado. Representa una renuncia. Y detrás de cada renuncia hay una estructura de miedo que el Estado ha construido para que nadie se atreva a quedarse.