Madre es acusada por tentativa de feminicidio por ayudar a su hija a abortar en Yucatán
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en 2021 que criminalizar el aborto es inconstitucional, en Yucatán una mujer identificada como Rocío enfrenta una denuncia por tentativa de feminicidio tras acompañar a su hija de 13 años en la interrupción de su embarazo.
Embarazo adolescente, misoprostol y criminalización: cronología del caso
En noviembre de 2023, la menor descubrió que estaba embarazada y decidió que no quería ser madre. Ante la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, Rocío apoyó a su hija en el proceso. Con apenas un mes de gestación, utilizaron misoprostol, un medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su seguridad y eficacia cuando se usa bajo supervisión médica.
"Me informé y leí en internet que abortar ya no era un delito en México. Llevé a mi hija al médico, seguimos las indicaciones y teníamos una receta para comprar misoprostol", relató Rocío en entrevista.
Tres días después de ingerir el medicamento, la adolescente experimentó molestias y se asustó por el dolor. Su abuela la llevó a urgencias en la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 58, ya que su madre trabajaba en el turno vespertino y salía hasta la noche.
Custodia estatal y proceso penal: la separación forzada entre madre e hija
Al llegar al hospital, Rocío relata: "Cerca de la medianoche me llamó mi mamá para avisarme que la llevaron al hospital. Fui a verlas y nos dijeron que deberíamos trasladarla a la clínica de la T1 (del IMSS). Aun así el doctor de urgencias me amenazó que la policía vendría por mí".
En el hospital de la T1 del IMSS le hicieron un ultrasonido a la menor. No la sometieron a la evaluación completa alegando que su madre no lo autorizó. Al día siguiente la cambiaron a ginecología, gracias a que una doctora del área lo pidió y era dónde debió ingresar desde el principio. Según la denuncia, el tratamiento médico no estuvo centrado en el bienestar de la menor, sino en cuestionar la decisión de la madre.
Antes del alta médica, Rocío fue citada en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), donde fue interrogada. Al regresar al hospital, le informaron que no podría llevarse a su hija, pues la menor quedaría bajo tutela del Estado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán inició dos carpetas de investigación contra Rocío: una por tentativa de feminicidio y otra por "hechos posiblemente delictuosos". La menor fue trasladada primero al Centro de Atención Integral al Menor Desamparado (CAIMEDE) y posteriormente a Casa Otoch.
Durante seis meses, la menor no pudo ver a su madre ni a ningún miembro de su familia, saliendo del hospital escoltada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Amparos judiciales y derechos vulnerados: la batalla legal
Amelia Ojeda, abogada y asesora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), califica el caso como una clara criminalización del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos.
"Pavel Calderón, un doctor especialista en el tema, nos apoyó con una opinión clínica. Básicamente lo que dijo es que el expediente clínico describe lo que le pasa al cuerpo cuando hay un aborto. Nunca estuvo en riesgo la vida de la menor como para considerar que la mamá casi la quería matar", explicó Ojeda.
Se interpusieron cuatro amparos a favor de Rocío —todos fallaron a su favor—, pero fue hasta el cuarto apercibimiento que madre e hija pudieron reencontrarse.
Otra de las irregularidades durante la investigación fue que la Prodennay recorrió la colonia preguntando casa por casa a los vecinos de Rocío sobre ella. "Les dijeron a todas las personas que yo era una mala madre y que mi hija estaba asegurada porque abortó. No tenían derecho", denunció la madre de la adolescente.
Actualmente, madre e hija ya pueden convivir, aunque la menor continúa bajo la tutela del Estado y las carpetas de investigación contra Rocío siguen abiertas.
Contexto legal en Yucatán
El caso ocurre en un estado donde el aborto sigue penalizado, a pesar del pronunciamiento de la Suprema Corte. Apenas el 5 de febrero de 2025, los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Morena presentaron dos iniciativas para despenalizar el aborto en Yucatán, buscando modificar el Artículo 389 del Código Penal estatal, para cambiar el término "aborto" por "aborto forzado".
Hasta el momento no hay fecha para el análisis y votación de estas iniciativas en el pleno del Congreso local.