La proscripción de Cristina Kirchner y el colapso del Estado de Derecho en Argentina
La condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad no es un acto de justicia. Es una puesta en escena judicial y mediática cuyo objetivo no es otro que proscribir políticamente a la dirigente que más ha transformado la Argentina en las últimas décadas. Se trata, en esencia, de un fallo escrito de antemano, sostenido por una estructura jurídica que renunció a la verdad para convertirse en herramienta del disciplinamiento político.
No existen elementos que sostengan la acusación: ni mensajes, ni llamados, ni correos, ni órdenes expresas, ni testigos que vinculen directamente a Cristina con la adjudicación de obras. La auditoría ordenada por Javier Iguacel en 2016 no encontró anomalías de peso. El fiscal Luciani tampoco pudo demostrar que hubo obras no realizadas, ni que se pagaron tramos inexistentes. Aún así, la condena llegó.
La defensa pidió una auditoría integral de toda la obra pública durante sus gobiernos. Fue rechazada. El daño al Estado, estimado en 84.000 millones de pesos, fue calculado sin explicación técnica clara. La sentencia habla de un “plan criminal” cuya magnitud —paradójicamente— “impide cuantificar” los perjuicios. Pero se condena igual.
Auditores sesgados, jueces amigos
Los supuestos peritos del juicio —como Eloy Bona, que ya se expresaba públicamente contra Cristina antes del proceso— realizaron comparaciones de precios sin rigor, tomando valores de licitaciones hechas años después y en contextos distintos. Roberto Panizza, de la fiscalía, usó parámetros pensados para rutas urbanas, no patagónicas. ¿Resultado? Informes débiles que sirvieron de excusa, no de prueba.
Mientras tanto, el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu compartían equipo de fútbol en la quinta de Macri. Sergio Mola, el segundo fiscal, fue colocado a dedo, con vínculos directos con operadores judiciales del macrismo. La causa fue revisada por jueces como Hornos y Borinsky, ambos visitantes habituales de la residencia de Olivos durante el gobierno de Cambiemos. Todo queda en casa.
Medios y lawfare: la pata comunicacional del castigo
La condena se construyó con la complicidad explícita del periodismo concentrado. Leuco celebró los alegatos de Luciani como “históricos”, Majul habló de una “argumentación tremenda” y Novaresio los comparó con los alegatos del juicio a las juntas. La espectacularización reemplazó a la búsqueda de la verdad. El show mediático sirvió de legitimación simbólica para un fallo que no se sostiene en el expediente.
La única responsable: Cristina
Todo el esquema administrativo de la obra pública —que involucra al Congreso, a legislaturas provinciales y a los jefes de gabinete— fue dejado de lado. Todos fueron sobreseídos. ¿Quién quedó como única culpable? Cristina Fernández de Kirchner. Una funcionaria elegida por el voto popular, ahora inhabilitada por una estructura que parece diseñada no para hacer justicia, sino para excluir políticamente.
Este fallo no solo genera indignación. Expone, una vez más, el uso del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento político. Cuando no alcanza con disputar el poder en las urnas, se recurre a los tribunales.
La condena a Cristina Fernández de Kirchner no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia para deslegitimar a los liderazgos populares que desafían al poder real. En lugar de fortalecer la democracia, se erosiona el Estado de Derecho.
Y como tantas veces en la historia argentina, lo que no pueden ganar con votos, lo intentan imponer con sentencias.
Pero también, como tantas veces, eso no debilita al peronismo: lo reactiva. Porque el peronismo, como una madre, puede ser contradictorio, agotador, incluso incómodo. Puedes criticarlo, tomar distancia, renegar. Pero cuando lo atacan desde afuera, injustamente, algo se enciende. No por obediencia, sino por memoria. No por nostalgia, sino por dignidad.
