La justicia también se disciplina

El próximo 1 de junio, las y los ciudadanos de todo el país podrán votar por integrantes del Poder Judicial. Por primera vez se elige a magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina, un órgano diseñado para sancionar prácticas como el nepotismo, el maltrato institucional y la corrupción judicial.

En entrevista exclusiva, Nahyeli Ortiz —abogada, defensora de derechos humanos y actual funcionaria pública— compartió su análisis sobre los alcances, limitaciones y desafíos de esta figura, a la que aspira integrarse al Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México, y que podría abrir una nueva vía para observar, cuestionar y sancionar desde dentro al sistema judicial.

¿Puede el sistema judicial disciplinarse a sí mismo?

“Soy defensora de derechos humanos, abogada y tengo un origen de carácter social en mi formación. Empecé desde estudiante en organizaciones, y he ido y venido entre sociedad civil e instituciones públicas”, explica Ortiz. “Lo que siempre he buscado es incidir en los procesos de transformación. Y eso no es fácil, porque siempre enfrentamos resistencia”.

¿Qué es el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial y para qué sirve?

El Tribunal de Disciplina fue creado a partir de una reciente reforma constitucional. Tendrá entre sus funciones emitir sanciones —desde amonestaciones hasta destituciones— a quienes integran el Poder Judicial. Pero su eficacia dependerá no solo de sus atribuciones legales, sino del enfoque con que se investiguen y procesen las quejas.

“El tribunal no es una tercera instancia judicial”, aclara Ortiz. “No reabre juicios, pero sí puede sancionar el maltrato a víctimas, la dilación injustificada o la pérdida de expedientes, prácticas que muchas veces se disfrazan de tecnicismos, pero son violencias institucionales reales”.

Ortiz destaca que lo que está en juego es la posibilidad de poner límites dentro del propio sistema judicial y no solo desde fuera.

“Si hay una queja, se investiga y se sanciona. No se trata de abrir carpetas administrativas solo para acumularlas. Hay que revisar con perspectiva de género qué se denuncia, por qué impacta a las personas, y cómo podemos evitar que vuelva a pasar”.

Violencia institucional: el punto ciego de la justicia

Uno de los énfasis más claros de la entrevista con Ortiz es que la violencia de género no se agota en los delitos tipificados. La abogada plantea que, en muchos casos, el obstáculo para acceder a la justicia no es la falta de leyes, sino el trato desigual e insensible de quienes las aplican.

“Muchas veces pensamos que lo que hay que castigar son delitos, pero no solo hablamos de eso. Hay violencia institucional, violencia patrimonial, violencia económica. Hay casos donde se pierde un expediente, se niega una audiencia, se retrasa un proceso. Todo eso también es violencia”, afirma.

Desde su paso por la Fiscalía capitalina y su trabajo en atención a víctimas, Ortiz ha documentado cómo las estructuras judiciales reproducen desigualdades: desde no creerle a las víctimas hasta hacerlas esperar años por una resolución.

“No es suficiente capacitar. Se necesita evaluar y sancionar. Las juezas y jueces deben entender que una sentencia sin perspectiva de género es una forma más de revictimización”.

Evaluar con perspectiva de género

Además de sancionar, Ortiz propone que el Tribunal tenga criterios claros para evaluar la actuación judicial, no solo desde lo jurídico, sino desde su impacto humano.

“Una capacitación no basta. Necesitamos revisar, dentro de los estándares de evaluación, qué se tiene que modificar. Porque no es lo mismo el acceso a la justicia para una mujer adulta, que para una mujer indígena, o para una niña o adolescente”, explica. “Como ha dicho la Corte Interamericana, el acceso real a la justicia implica un cambio efectivo en la vida de las personas”.

Para Ortiz, las sentencias deben contener perspectiva de género, pero también el trato a las víctimas, sus hijas, hijos y familiares.

Observación ciudadana: más allá del voto

Una de las propuestas centrales de Ortiz es crear un observatorio ciudadano del Tribunal de Disciplina. El objetivo: evitar que el órgano se convierta en un archivo muerto de quejas acumuladas y sin consecuencias.

“Que se sepa en términos claros: quién está siendo investigado, por qué, y cómo se resolvió. Eso también es justicia”.

La transparencia aparece no solo como valor, sino como estrategia de presión ciudadana, en un sistema judicial que históricamente ha operado con opacidad.

Esperanza organizada y voto informado

Ortiz reconoce las críticas al proceso: la falta de difusión, el diseño institucional deficiente, el escaso presupuesto. Sin embargo, dice haber encontrado en el recorrido por las 16 alcaldías algo que no esperaba en este contexto: indignación compartida, pero también esperanza organizada.

“No ofrezco promesas, ofrezco mi palabra. Y sé que este cambio no lo puede hacer una persona sola. Necesitamos que nos vigilen, que nos exijan, que voten sabiendo por quién están votando”.