Javier Duarte es absuelto de desaparición forzada; colectivos denuncian impunidad
Exigen que la Fiscalía refuerce las investigaciones para evitar más injusticias.
Veracruz. - Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz manifestaron su rechazo a la reciente decisión de un juez que exoneró al exgobernador Javier Duarte de Ochoa del delito de desaparición forzada. En su pronunciamiento, calificaron este fallo como un acto que perpetúa la impunidad en el sistema de justicia mexicano, especialmente en casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.
El pasado 14 de noviembre, durante una audiencia virtual realizada en Pacho Viejo, Veracruz, un juez de control resolvió absolver a Duarte del proceso por la desaparición forzada de un policía estatal en 2016. Esta resolución ha desatado indignación entre familiares de víctimas, quienes acusan al Poder Judicial de ser cómplice de la corrupción y la falta de justicia que caracteriza estos casos.
A pesar de la polémica decisión judicial, la Fiscalía General del Estado de Veracruz aseguró a los colectivos que seguirá trabajando para combatir la impunidad. Los familiares exigen no solo un reforzamiento de las investigaciones contra Duarte, sino también sanciones para el juez que dictó el fallo, al que calificaron como “corrupto”. Subrayaron que las instituciones deben garantizar justicia para las madres, hermanas e hijas que buscan a sus seres queridos.
Organizaciones de derechos humanos también cuestionaron que Duarte solo enfrente cargos aislados por desapariciones cuando, según los colectivos, bajo su administración (2010-2016) se registraron cientos de desapariciones forzadas presuntamente ordenadas o toleradas por su gobierno. Señalaron que estas acciones fueron ejecutadas por la Fuerza Pública y demandaron investigaciones que vinculen al exmandatario con todas estas desapariciones.
Javier Duarte, actualmente recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde 2017, purga una condena por lavado de dinero y asociación delictuosa. Aunque su defensa ha solicitado su libertad condicional, argumentando que ya cumplió dos terceras partes de su sentencia, las víctimas exigen que permanezca en prisión y enfrente las acusaciones de desaparición forzada, incluyendo casos como el de la fosa clandestina de La Barranca, vinculada a su administración.