Hasta 36 horas de arresto por apartar lugares en la calle, propone el gobierno de CDMX
¿Imaginas pasar un día y medio tras las rejas por guardar un espacio en la vía pública? La CDMX plantea una medida que enciende el debate urbano.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una reforma a la Ley de Cultura Cívica que está siendo analizada por el Congreso capitalino. La propuesta modifica el artículo 31 y añade el 28 bis, con lo que se busca sancionar a quienes aparten o condicionen espacios en la vía pública. Las medidas contemplan desde multas y trabajo comunitario, hasta arrestos de hasta 36 horas.
Brugada enfatizó que esta reforma no busca criminalizar la pobreza. Afirmó que su gobierno trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, así como con la Secretaría de Desarrollo Económico, para ofrecer alternativas laborales, programas de capacitación y apoyo a pequeños emprendimientos.
En este sentido, la mandataria comentó: “Muchas personas que realizan esta actividad enfrentan exclusión del mercado laboral o situaciones de desigualdad, por eso también estamos generando oportunidades de
inclusión”. Por ello, según el gobierno capitalino, la finalidad de esta
propuesta es que el espacio público sea considerado un derecho colectivo.
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) señala que los franeleros representan una forma irregular de privatización del espacio público, al contrario de los parquímetros de la CDMX, en los que, de manera regular, son concesiones de empresas como Mueve Ciudad, Parkum o Blinkay.
En la CDMX existen los parquímetros del proyecto EcoParq desde 2011; en la actualidad se estiman más de mil 500 parquímetros que generaron, para 2023, 524 millones de pesos, de los cuales el 30 % va para el gobierno de la ciudad para mantenimiento e infraestructura, y el 70 % va para las empresas concesionadas, según la SEMOVI.
Por otro lado, según algunos sondeos de ciudadanos y diversos medios, un franelero podría llegar a ganar entre mil 200 y mil 500 pesos diarios y, por el estatus de su labor, esta cantidad queda libre de impuestos. No obstante, la parte negativa del empleo irregular implica falta de seguridad social, menores ingresos y peores condiciones laborales.
Más que criminalizar a quienes trabajan en la informalidad, como los franeleros, es fundamental reconocer que muchas veces estas actividades son resultado directo de la falta de acceso a empleo digno, seguridad social y oportunidades económicas. Las políticas públicas deben centrarse en regularizar, no castigar; en garantizar derechos laborales, no perpetuar la exclusión.
