Hallan sin vida a Sandra Domínguez, defensora Ayuujk desaparecida en Oaxaca
La activista oaxaqueña Sandra Estéfana Domínguez Martínez, defensora de los derechos de los pueblos indígenas Ayuujk, fue localizada sin vida en Tatahuicapa, Veracruz, luego de más de seis meses de haber sido reportada como desaparecida junto a su esposo, Alexander Hernández Hernández.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la identidad de ambos tras estudios periciales y el reconocimiento de su familia. Los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas ubicadas en un rancho de la región, durante un operativo realizado el pasado 24 de abril de 2025.
Desde su desaparición el 4 de octubre de 2024 en María Lombardo del Caso, Oaxaca, la familia de Sandra, junto con organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, exigieron su aparición con vida. Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU-DH México visibilizaron su caso, señalándolo como un ejemplo de los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras en el país.
Su hermana Kisha Domínguez, odontóloga, participó directamente en las labores de identificación, reconociendo las características maxilofaciales de Sandra, además de prendas y objetos personales hallados junto a los restos.
La búsqueda se extendió a lo largo de 26 operativos en Oaxaca y Veracruz, después de que su camioneta fuera localizada en Playa Vicente y su teléfono móvil asegurado en El Nigromante, ambos en Veracruz.
Sandra no solo enfrentaba riesgos en el terreno. En 2020, denunció públicamente que su imagen había sido utilizada en un chat sexual presuntamente administrado por un funcionario del gobierno de Oaxaca. Esta denuncia de violencia digital no tuvo consecuencias judiciales, a pesar de la gravedad del caso, y aumentó su exposición como defensora.
Las autoridades apuntan a conflictos entre células criminales en la región como el contexto de la desaparición de Sandra y Alexander. Sin embargo, el riesgo para defensoras como Sandra no se explica solo en claves de violencia organizada, sino también en la vulnerabilidad histórica de quienes defienden derechos humanos, territorios y comunidades indígenas.
Sandra tenía 38 años. Se había desempeñado como abogada, activista y servidora pública en distintos espacios. Hoy su memoria se mantiene viva en la exigencia colectiva de justicia y en el compromiso de seguir defendiendo los derechos que ella también defendió.