Guanajuato niega despenalizar el derecho a la interrupción del embarazo
El congreso local de Guanajuato negó este jueves, con 19 votos en contra, por parte de diputadas y diputados como Luz Itzel Mendo, María Eugenia García, Rocío Cervantes, de los partidos Verde, PAN y PRI para negar la despenalización el aborto en ese estado; La despenalización del aborto consiste en que ya no se considere un delito la interrupción del embarazo y, por lo tanto, no se castigue a las mujeres que así lo decidan.
Se sabe que Guanajuato es uno de los Estados más conservadores de México, que, según el mismo gobierno de Guanajuato, entre 2018 y abril de 2025, se han abierto 160 carpetas de investigación por feminicidio mientras que las investigaciones por aborto en el mismo periodo ascienden a 180. Es decir, es un estado que criminaliza a la mujer por el derecho a decir sobre los verdaderos feminicidas.
No obstante, a nivel federal ninguna mujer puede ir a la cárcel por decidir sobre su cuerpo, sin embargo, a nivel estatal se deberían de tomar las decisiones correspondientes para garantizar este derecho en los estados que faltan como Campeche, Morelos, Durango o Guanajuato.
El proceso para la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) se ha visto atropellado como lo vimos el día de hoy en el congreso de Guanajuato. Después de un empate en la cámara, la discusión se pasó a este jueves donde la resolución fue por 19 votos frente a 17. La diputada de la bancada por la coalición Morena, PT y Verde, Luz Itzel Mendo, tuvo el voto definitivo que eligió cambiar a último momento y negó la despenalización.
De acuerdo con el mismo estado, Guanajuato, ocupa el tercer lugar en México en cuanto a embarazos adolescentes. En 2022, 1 de cada 100 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años quedó embarazada, lo que equivale a 5 mil 819 casos, según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
De igual manera, en abril de 2025, Guanajuato se ubicó en segundo lugar a nivel nacional en número de mujeres víctimas de delitos de género siendo la violencia intrafamiliar la principal causa de violencia contra las mujeres. El INEGI, también reportó que 67.8% de las mujeres en Guanajuato consideraron que vivir en su ciudad es inseguro.
Sin embargo, puede ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inicie el amparo correspondiente para obligar al estado a despenalizar la interrupción del embarazo, así como lo hizo en el caso de Coahuila y Chihuahua.
Este fallo por parte del Congreso de Guanajuato no solo representa una negativa legislativa, sino una clara muestra de cómo el sistema continúa criminalizando a las mujeres sobre su decisión de maternar.
Mientras las cifras de violencia de género y embarazos infantiles crecen sin que haya una respuesta efectiva, esta postura no protege la vida, la castiga, nos obliga a preguntarnos: ¿Qué vidas valen en Guanajuato? ¿Las de quienes mueren por abortos clandestinos? ¿Las de niñas obligadas a parir? La lucha por el derecho a decidir no solo es legal, es profundamente ética y urgente. Porque ningún Estado que encarcela mujeres por decidir, mientras deja impunes a sus agresores, puede llamarse justo.