Gobierno cierra huelga de Cananea tras 18 años con acuerdo de 2 mil millones
Después de casi dos décadas de resistencia, los trabajadores mineros de Cananea verán finalmente restituidos sus derechos laborales y ambientales mediante un acuerdo sin precedentes que movilizará más de 2,222 millones de pesos para atender la deuda histórica con uno de los bastiones del movimiento obrero mexicano.
Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre de 2025
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció este lunes en Hermosillo la conclusión del conflicto laboral más extenso del que se tiene registro en México, resultado de negociaciones impulsadas directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum con Grupo México, el gobierno de Sonora y diversas instancias federales.
La huelga de Cananea, iniciada hace 18 años, se convirtió en un símbolo de la lucha por la dignidad laboral en la industria minera mexicana. El conflicto estalló por demandas de mejores condiciones de trabajo, seguridad industrial y respeto a derechos laborales en una de las minas de cobre más importantes del país, ubicada en el mismo lugar donde en 1906 ocurrió la legendaria huelga que se considera precursora de la Revolución Mexicana. El estallamiento se produjo en un contexto de descontento acumulado por años de precariedad y falta de atención a reclamos obreros, convirtiéndose en una causa que trascendió lo laboral para simbolizar la lucha por la justicia social en comunidades mineras.
Inversión tripartita para justicia social y ambiental
El fondo de inversión se conformará con una aportación mayoritaria de Grupo México del 70.14 por ciento —equivalente a 1,500 millones de pesos más 59 millones depositados previamente—, mientras que el gobierno federal contribuirá con 483.6 millones (21.7 por ciento) y el estado de Sonora con 180 millones (8 por ciento).
Los trabajadores mineros y sus viudas recibirán directamente los recursos sin intermediarios, un aspecto que la funcionaria federal destacó como fundamental para garantizar la transparencia del proceso. Paralelamente, se atenderán los daños ambientales derivados del derrame en el río Sonora, una catástrofe ecológica que afectó a decenas de comunidades.
La inversión contempla la construcción de 16 plantas potabilizadoras a cargo de la Comisión Nacional del Agua, el equipamiento de un laboratorio regional de calidad del agua y la instalación de estaciones de monitoreo permanente en el río Sonora. En materia de salud, se edificará el Hospital Regional de Ures con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, un centro para la salud renal y un laboratorio especializado de metales pesados y toxicología.
"Estamos hoy en un acto histórico, porque hoy terminan 18 años, largos años de lucha", afirmó Rodríguez durante la presentación, en la que participaron la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas; el secretario del Trabajo, Marath Bolaños; y el gobernador Alfonso Durazo, quien gestionó la continuidad del plan iniciado en 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De la deuda histórica al acuerdo definitivo
El Plan de Justicia para Cananea nació en julio de 2021 como reconocimiento a una deuda histórica del Estado mexicano con el municipio minero. En noviembre de 2024, tras una reunión entre dirigentes sindicales y el gobierno de Sonora, la presidenta Sheinbaum ordenó retomar las negociaciones que ahora culminan con este acuerdo integral.
La secretaria de Gobernación enfatizó que el gobierno federal mantuvo una posición firme en las negociaciones, exigiendo a Grupo México el cumplimiento de condicionantes para alcanzar un acuerdo beneficioso para las comunidades y trabajadores. "Nuestra Presidenta siempre se mantuvo firme para que no se abandonara a su suerte a los trabajadores", señaló.
El IMSS-Bienestar se encargará de mejorar la infraestructura física y el equipamiento para brindar atención médica a la población sonorense, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente ejecutará acciones de restauración ambiental en beneficio de los habitantes de la región.
Este acuerdo representa uno de los logros más significativos en materia de justicia laboral y ambiental de la actual administración, consolidando el compromiso del gobierno federal con las causas históricas del movimiento obrero mexicano y la reparación del daño en comunidades afectadas por actividades extractivas.
