Fuerza bruta en Río de Janeiro: el gobernador Claudio Castro defiende la operación más sangrienta de la historia
Las operaciones de rescate de cuerpos fue liderada por mujeres, que estaban a la búsqueda de sus compañeros, hermanos o hijos.
La operación policial llevada a cabo el martes 28 de octubre de 2025 en los complejos de favelas de Alemão y Penha ha sido calificada como la más letal en la historia de Río de Janeiro.
Estos hechos han arrojado una verdad cruda sobre la crítica situación de seguridad y violencia en la ciudad.
El balance de víctimas muestra una dramática discrepancia. Mientras que la Defensoría Pública regional informó de 132 muertos (entre ellos, 4 policías), el gobernador Claudio Castro reconoció inicialmente solo 58 fallecidos, admitiendo que la cifra oficial probablemente cambiaría. Esta divergencia refleja la confusión y la gravedad del episodio.
Tras la operación, los habitantes de las favelas, liderados principalmente por mujeres en busca de sus familiares, se vieron obligadas a realizar la recuperación de los cadáveres sin ayuda inicial de las autoridades.
Fueron hallados más de 60 cuerpos, que fueron trasladados y alineados en la plaza São Lucas para su identificación, creando una imagen devastadora.
Testigos y abogados presentes reportaron que muchas víctimas presentaban “marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas".
El operativo, que movilizó a unos 2 mil 500 agentes y contó con vehículos blindados, tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho (una de las facciones criminales más poderosas de Brasil).
Las autoridades reportaron el arresto de 81 sospechosos y el decomiso de 93 fusiles y media tonelada de drogas.
La violencia generó un caos en toda la ciudad. Los narcotraficantes respondieron con bloqueos de calles, lo que llevó a la interrupción de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.
Hoy miércoles, el día siguiente, la ciudad amaneció con la mayoría de comercios y escuelas en los barrios afectados cerrados.
El perfil del Gobernador: Cláudio Castro y la sombra de Bolsonaro
Tras esta operación, la figura del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha quedado bajo escrutinio. Se le describe como el "delfín bolsonarista" que gobierna el estado "a fuerza de balas y fanatismo religioso".
Claudio es militante del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, Castro se define como "cristiano y conservador".
Su gestión ha consolidado un modelo de poder que combina el discurso del bolsonarismo (conservador) con una gestión marcada por la represión policial, el argumento religioso y la connivencia con las élites económicas.
Bajo su mandato, Río de Janeiro se ha convertido en el "laboratorio más extremo" de la política de "mano dura". Algo así como Nayib Bukele en Ecuador.
En 2024, más de mil 300 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en el estado. Lejos de condenar estas operaciones, Castro las celebra públicamente como victorias del Estado, justificando la acción policial con la frase: "la violencia solo se combate con fuerza"...bruta, recreando el típico discurso del hombre machista que todo quiere arreglar con golpes y balazos.
Recientemente, Castro vetó una polémica medida que establecía el pago de bonos a policías civiles por "neutralizar" sospechosos, una propuesta que fue ampliamente rechazada y comparada con un "bono del Lejano Oeste".
Aunque el veto se realizó alegando "responsabilidad fiscal", la mera propuesta generó una profunda alarma sobre los incentivos a la letalidad policial por atetar contra la población.
Brasil a nivel nacional
Los eventos en Río ocurren en un contexto nacional complejo, marcado por esfuerzos por consolidar la democracia, enfrentar un legado de violencia y combatir profundas desigualdades.
En un hecho histórico, el 2 de septiembre de 2025 comenzó el juicio al expresidente Jair Bolsonaro y a varios generales y civiles por su presunta participación en un intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023.
Este proceso es visto como una demostración de fortaleza de la democracia brasileña, al sentar en el banquillo a un expresidente y altos mandos militares por primera vez en la historia.
Sin embargo, aunque el "Atlas da Violência 2025" registró la menor tasa de homicidios en 11 años (45 mil 747 muertes en 2023), la violencia sigue siendo devastadora.
La letalidad policial es un problema grave; en 2023, las fuerzas de seguridad mataron a 6 mil 243 personas en todo Brasil.
Esta violencia tiene un claro sesgo racial: una persona negra tenía 2.7 veces más probabilidades de ser víctima de homicidio que una persona no negra en 2023, y más del 80% de las víctimas de la policía son negras.
El gobierno del presidente Lula da Silva ha presentado una "Propuesta de Enmienda a la Constitución sobre Seguridad Pública" que busca una mayor integración y coordinación de las policías a nivel nacional.
Sin embargo, este proyecto ha sido criticado por algunos expertos por reforzar un "modelo de seguridad pública militarizado" que produce "una tasa muy alta de letalidad policial".
El costo humano de la violencia: una carga invisible para las mujeres
La imagen de las mujeres de las favelas buscando entre la maleza a sus hijos, llorando por sus esposos, hijos o hermanos, para después alinearlos en una plaza, es la expresión más cruel de la violencia.
Su dolor, su desesperación y su valentía para enfrentar la ausencia y brutalidad de las autoridades nos recuerdan que la violencia no es solo una cifra.
Estas mujeres, esposas, madres, hermanas e hijas, cargan con el peso invisible de una guerra que no eligieron. Son ellas quienes, en medio del caos, sostienen a las familias destrozadas y lideran la búsqueda de justicia y verdad.
Su experiencia refleja un problema más profundo: en Brasil, la violencia contra la mujer es una epidemia silenciosa que afecta a un 28.9% de las mujeres e impacta de manera desproporcionada a las más vulnerables, quienes a menudo deben reconstruir sus vidas desde los escombros y la muerte que dejan las balas.
Esta matanza en Río no es un evento aislado, sino un síntoma extremo de políticas de seguridad que durante años han priorizado la fuerza bruta sobre la vida y los derechos humanos, y que han convertido a las comunidades más pobres en campos de batalla, criminalizando a la pobreza.
