Fondos que financian sicarios y silencio; informe revela crimen empresarial en asesinato de la activista Berta Cáceres
El asesinato de la activista ambientalista de Honduras Berta Cáceres fue la ejecución final de un plan corporativo meticuloso, financiado con dinero de bancos de desarrollo internacional y ejecutado por una red que incluyó sicarios entrenados, militares activos, periodistas pagados y la complicidad estatal.
Después de 10 años del crimen, un nuevo informe del GIEI-Honduras revela que incluso su asesinato fue financiado por bancos, ya que fondos internacionales para el "desarrollo sustentable" fueron desviados para pagar a los sicarios que la asesinaron.
De acuerdo con el documento, la activista hondureña encabezaba la lucha para detener la represa de Agua Zarca, promovido por la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), cuyos directivos ubicaron en ella un obstáculo estratégico.
Una de las principales conclusiones del informe, es que el asesinato fue una operación criminal organizada que incluyó a sicarios, intermediarios con formación militar y directivos de la empresa responsable de la construcción de la represa.
El informe desmenuza el engranaje financiero que hizo posible el crimen. Aproximadamente el 67% de los fondos del proyecto Agua Zarca –unos 12.4 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO)– fueron desviados para actividades ilícitas. Estos fondos no solo pagaron sicarios, sino que compraron silencio, manipularon la verdad y corrompieron instituciones.
Y asegura que, el Estado fue omiso, toleró y apoyó el asesinato a pesar de conocer el riesgo al que se enfrentaba Berta Cáceres por sus posiciones políticas y ambientalistas.
Cuando sucedió el asesinato de la activista, gobernaba Honduras Juan Orlando Hernández, quien después sería condenado en un tribunal de Florida por tráfico de drogas e indultado en noviembre de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
