Elección judicial con perspectiva de género: los lineamientos del INE

Son más de 99 millones de personas inscritas en la Lista Nominal, convocadas para elegir 881 cargos federales, entre ellos: ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas del Tribunal Electoral, Salas Regionales y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como juezas, jueces y magistraturas de circuito. A estos se suman 1,788 cargos judiciales en 19 estados, para un total de 2,669 puestos a nivel nacional.

Las campañas iniciaron el 30 de marzo y finalizarán el 28 de mayo. De acuerdo con estimaciones del INE, se espera una participación entre el 8% y el 15%, un reto importante si se compara con la tasa del 61% registrada en las elecciones presidenciales de 2024.

Criterios de paridad: una garantía diseñada por el INE

Para esta elección, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó criterios detallados para asegurar el cumplimiento del principio de paridad de género. "Esta elección es distinta porque el INE no registró candidaturas, pero sí nos corresponde vigilar que se cumpla con el mandato constitucional de paridad", explica Marisol Vázquez Piñón, subdirectora en la Unidad de Género y No Discriminación del INE.

El primer criterio establece que en los cargos federales nacionales (SCJN, TEPJF y TDJ), se formarán listas separadas de mujeres y hombres, ordenadas según los votos obtenidos de mayor a menor, para asignar los cargos de manera alternada. "Las boletas para cuatro de los seis cargos ya están diseñadas para esto. En el caso de la Corte, por ejemplo, hay cinco recuadros para mujeres y cuatro para hombres", explica Vázquez.

En el caso de las Salas Regionales del TEPJF, el método de asignación será por circunscripción plurinominal, comenzando por una mujer y continuando de forma alternada. En tanto, para magistraturas de circuito y jueces de distrito, el INE definió procedimientos diferenciados según el número de distritos judiciales, el número de vacantes y las especialidades. "La paridad tiene que ser transversal. Se consideran los distritos que conforman el circuito, el número de especialidades y las vacantes por cada especialidad."

"No queremos que solo haya mujeres en materias como lo familiar o administrativa, necesitamos también que estén presentes en lo penal, en lo laboral y en lo civil. Esa es una deuda histórica que estamos tratando de corregir desde el diseño institucional", señala.

La revisión para la asignación de espacios se realizará en dos momentos: primero a nivel de distrito y especialidad, y después se hará una revisión general por circuito. "Si en alguno de estos pasos no se cumple con la paridad, se harán los ajustes necesarios sólo en caso de que haya menos mujeres. Esto es parte del mandato constitucional que tenemos desde 2019", recuerda Vázquez.

Actualmente, el Ejecutivo postuló 626 mujeres frente a 729 hombres; el Legislativo, 623 frente a 708; y el Poder Judicial, 389 frente a 493. Aunque el promedio ronda entre el 36% y el 46% de mujeres postuladas, la ocupación efectiva de cargos altos por parte de mujeres apenas llega al 24%.

Ausencias que preocupan

Si bien se avanzó en mecanismos para garantizar la paridad de género, la elección judicial de 2025 no contempló acciones afirmativas para candidaturas de personas que pertenecen a grupos en situación de discriminación, por ejemplo personas de la diversidad sexual, con discapacidad, afrodescendientes o pueblos originarios. "Es un retroceso", reconoce Vázquez. "No hubo acciones afirmativas y tampoco se consideró un mecanismo en los registros para conocer si algunas de las personas candidatas pertenecen a estos grupos, y eso limita la representación de dicha población."

Vázquez explica que varios colectivos impugnaron esta omisión, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el proceso ya estaba demasiado avanzado para incorporar estas cuotas. "También es cierto que, como el INE no registró candidaturas, no sabemos quiénes pertenecen a estos grupos.."

"Sabemos que hay personas candidatas que se identifican como parte de estos grupos, pero no hay un mecanismo claro para contabilizarlas o garantizar que sean electas", agrega. La falta de datos y de medidas afirmativas refleja un desafío estructural pendiente para futuros procesos.

8 de 8 contra la violencia: otro filtro esencial

Un componente clave del proceso es la aplicación del principio 8 de 8 contra la violencia, que impide que personas con sentencias firmes de violencia familiar, sexual, deudoras alimentarias o prófugas de la justicia puedan ejercer funciones judiciales. "¿Qué tipo de justicia puede impartir alguien que no paga la pensión alimentaria de sus hijas e hijos?", cuestiona Vázquez.

El INE habilitó un formulario para que la ciudadanía pueda reportar estos casos. Hasta el momento, ya se han recibido 11 denuncias formales. "Si una persona gana pero se demuestra que está en alguno de estos supuestos, no se le entregará la constancia de mayoría", afirma.

" La ciudadanía puede confiar en que el INE no entregará una constancia de mayoría a alguien que no cumpla con los criterios legales establecidos en nuestras leyes", asegura.

Votar con información

Las campañas electorales de las y los aspirantes se desarrollarán exclusivamente en redes sociales. Está prohibido usar espectaculares, propaganda impresa masiva, entrevistas pagadas o eventos financiados por partidos. El INE habilitó el sitio web Conóceles, donde cada candidatura debe publicar su trayectoria y tres propuestas principales.

El 1 de junio, las casillas abrirán a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 6:00 p.m. Habrá una sola urna por casilla para todas las boletas. Los paquetes se trasladarán a los Consejos Distritales del INE, donde se realizará el conteo. Los resultados se darán a conocer 12 días después.

"Esta elección es una oportunidad para revertir la segregación histórica de las mujeres en el sistema judicial. Votar con conciencia y exigir paridad efectiva es fundamental para que la justicia se transforme desde dentro", concluye Vázquez.