El gobierno de EEUU cierra
El gobierno federal de Estados Unidos entró en un nuevo cierre parcial el 1 de octubre, luego de que republicanos y demócratas no lograran aprobar el presupuesto para el nuevo año fiscal. Este tipo de bloqueo político —conocido como government shutdown— no es inusual en la historia del país, pero el de este año tiene un trasfondo distinto: ocurre bajo un segundo mandato del presidente Donald Trump, en un contexto en el que el presidente ha recortado el tamaño del gobierno y amenaza con usar la crisis para despedir de forma permanente a miles de trabajadores federales.
¿Qué es un “shutdown” y por qué ocurre?
En Estados Unidos, el Congreso debe aprobar cada año una ley de gasto que financie las operaciones del gobierno. Cuando el Ejecutivo y el Legislativo no logran llegar a un acuerdo antes de la fecha límite, las agencias federales se quedan sin fondos y deben suspender parte de sus actividades.
Esta vez, la disputa se centra en el presupuesto de salud. Los demócratas buscan mantener los subsidios que abaratan el seguro médico y revertir los recortes de Trump a Medicaid, el programa que da cobertura a millones de personas de bajos ingresos. Los republicanos, que controlan ambas cámaras pero no alcanzan los 60 votos necesarios en el Senado para aprobar el gasto, se niegan a ceder. El resultado: un cierre que afecta a más del 40% del personal federal, es decir, unos 750 mil trabajadores que han sido enviados a casa sin sueldo.
Qué servicios se detienen y cuáles siguen
No todo el gobierno se apaga durante un shutdown. Las funciones consideradas “esenciales” continúan, aunque sus empleados trabajen sin salario hasta que el Congreso apruebe un nuevo presupuesto. Entre ellas se encuentran la seguridad fronteriza, los servicios de inmigración y aduanas (ICE), y la atención médica hospitalaria.
Sin embargo, los efectos ya se sienten. Miles de vuelos han sido cancelados o retrasados por la falta de controladores aéreos, y agencias como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH) han tenido que suspender parte de sus investigaciones. Los parques nacionales operan parcialmente, los museos del Smithsonian cerraron sus puertas y miles de contratistas —que no son empleados directos del gobierno— se quedaron sin trabajo ni compensación.
En contraste, los servicios postales continúan funcionando, ya que el Servicio Postal se financia de manera independiente. Programas como la Seguridad Social y Medicare siguen enviando cheques, aunque algunos de los procesos administrativos se retrasan.
El mensaje político
El cierre de gobierno solía ser considerado una catástrofe política. Los presidentes buscaban resolverlo rápidamente para evitar el enojo ciudadano. Pero Trump parece dispuesto a sostenerlo. Más aún: ha convertido el shutdown en una herramienta de depuración política.
Este viernes 10 de octubre, el mandatario dijo desde la Oficina Oval que planea despedir “a muchos” empleados federales.
“Será mucha gente”, afirmó. “Debo decirles, muchos de ellos son de orientación demócrata.”
El presidente no precisó cuántos trabajadores serían despedidos ni cómo definiría quiénes son “demócratas orientados”.
En el pasado, los cierres de gobierno terminaban con acuerdos que garantizaban el pago retroactivo a los empleados. Esta vez, Trump ha sugerido que algunos “no merecen ser compensados”, lo que rompe con décadas de práctica institucional.
Cada semana de cierre le cuesta a la economía estadounidense entre 0.1 y 0.2 puntos porcentuales de crecimiento, según estimaciones de analistas. Si el paro se prolonga y el gobierno deja de pagar a parte de sus empleados, el daño podría ser mucho mayor. El impacto se siente especialmente en los trabajadores que viven al día y que dependen de contratos federales de limpieza, mantenimiento o servicios alimentarios.
El precedente de 2019 mostró que la parálisis también golpea a la clase trabajadora: durante aquel cierre, los empleados de limpieza en edificios gubernamentales y los contratistas de comida rápida —muchos de ellos migrantes— no recibieron compensación alguna por los días perdidos.
Si la administración actual decide no pagar sueldos retroactivos a los trabajadores “no esenciales”, las comunidades inmigrantes podrían ser una de las más afectadas. Además, el cierre retrasa procesos migratorios, trámites de visas y solicitudes de asilo, ya que las oficinas administrativas operan con personal mínimo.
¿Ha pasado antes? ¿Y cuánto puede durar?
Los cierres de gobierno se han vuelto parte del paisaje político estadounidense desde los años 80. Ronald Reagan enfrentó ocho durante su presidencia, aunque fueron breves. Bill Clinton vivió uno de 21 días en 1995, y Barack Obama otro de 16 días en 2013. El de Trump en 2018-2019 fue el más largo y costoso, con un impacto económico estimado en 11 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil millones nunca se recuperaron.
Sin embargo, este nuevo cierre es distinto: ocurre en medio de una política explícita de reducción del Estado y de una creciente polarización. Si Trump cumple su amenaza de convertir los despidos temporales en permanentes, el país podría enfrentar no solo un conflicto presupuestal, sino un rediseño del aparato público.
Nadie lo sabe. Todo depende de si una de las partes cede. Los republicanos podrían aceptar extender los subsidios de salud, o los demócratas podrían dar su voto a un presupuesto provisional. Pero por ahora, ambas partes parecen dispuestas a sostener el pulso político.
En el pasado, la presión de la opinión pública y las protestas de los trabajadores forzaron el fin de los cierres. Hoy, la incertidumbre se combina con el temor de que el presidente use la crisis para consolidar su poder y redefinir el papel del Estado.
Mientras los parques nacionales cierran, las becas estudiantiles se retrasan y los aeropuertos operan al límite, el shutdown revela algo más profundo: la vulnerabilidad de quienes viven de un sistema federal que, por decisión política, puede detenerse de un día para otro.
