El alcalde de NYC pone en alerta a la comunidad migrante, entrega la prisión Rikers a ICE

NUEVA YORK, EE.UU.– Sin que el alcalde Eric Adams firmara directamente el documento, su administración emitió una orden ejecutiva que autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a operar nuevamente dentro del complejo carcelario de Rikers Island. La medida, firmada por el vicealcalde Randy Mastro, marca una ruptura con las protecciones legales establecidas en la ciudad desde 2014 y revive una práctica que había sido desmantelada tras años de movilización social y política.

Aunque la orden estipula que la colaboración se limitará a “investigaciones criminales”, figuras como Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition, y académicos especializados en justicia migratoria como César Cuauhtémoc García Hernández han advertido que este tipo de decisiones suele abrir la puerta a abusos sistemáticos, como detenciones arbitrarias, deportaciones sin debido proceso y violaciones de derechos civiles. La administración justifica la medida apelando a la necesidad de inteligencia compartida contra pandillas transnacionales como MS-13 o el Tren de Aragua, pero organizaciones migrantes sostienen que el riesgo de estigmatización colectiva y criminalización masiva es mucho mayor.

No es casual que esta decisión haya sido tomada apenas semanas después de una reunión entre Adams y el exjefe de la patrulla fronteriza del presidente Trump, Tom Homan, quien lo presionó públicamente para que cumpliera su palabra. El alcalde, que enfrenta una investigación federal, no firmo directamente, pero el momento y las circunstancias no han pasado desapercibidos.

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, fue clara: “Es difícil no ver esta acción como parte de un acuerdo para eliminar el caso criminal del alcalde a cambio de su apoyo a la agenda de deportación extrema de Trump”. Desde su perspectiva, lo que está en juego no es solo el principio de no colaboración con ICE, sino la autonomía legal de la ciudad para proteger a sus comunidades más vulnerables.

Un regreso a las sombras de la detención migratoria

La presencia de ICE en cárceles locales no es nueva. Durante décadas, estas colaboraciones alimentaron un sistema en el que una detención por una falta menor —como cruzar una luz roja o no pagar una multa— podía convertirse en una orden de deportación. Fue en 2015, tras años de presión de activistas y migrantes, cuando la ciudad de Nueva York cerró la oficina de ICE en Rikers, consolidando su compromiso con las leyes santuario.

Esta historia tiene raíces aún más profundas. Desde los años ochenta, cuando miles de personas huían de los conflictos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, varias ciudades estadounidenses comenzaron a declararse “santuarios” como acto de resistencia ante las políticas migratorias federales. Nueva York fue una de ellas, y durante más de una década reforzó su marco legal para evitar que la maquinaria migratoria penetrara en los espacios locales de justicia y detención. Con esta nueva orden ejecutiva, ese muro empieza a resquebrajarse.

En palabras del académico César Cuauhtémoc García Hernández, experto en derecho migratorio, “la reintroducción de ICE en cárceles locales marca un regreso peligroso a la era en la que ser arrestado era casi equivalente a ser deportado. Aunque digan que se trata solo de criminales, en la práctica sabemos que el umbral se vuelve cada vez más bajo”.

Las cifras lo confirman. De acuerdo con el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, más del 70% de las personas detenidas por ICE en Nueva York durante 2023 no tenían antecedentes penales. Esto evidencia que, incluso bajo gobiernos que aseguran “perseguir el crimen”, la deportación sigue usándose como una herramienta arbitraria, dirigida en muchos casos por perfil racial y nacionalidad.

Un mensaje que trasciende a Nueva York

Lo que sucede en Nueva York no se queda en Nueva York. Cuando una de las ciudades con mayor población migrante del país —y con una tradición de protección legal más fuerte— cede ante la presión federal, se establece un precedente con eco nacional. Para estados como Texas o Florida, donde las políticas antimigrantes han tomado tintes extremos, esto puede ser interpretado como una legitimación de sus propias medidas.

Pero las consecuencias van más allá de Estados Unidos. Cuando Nueva York, una ciudad símbolo de acogida, fortalece la presencia de ICE en espacios penitenciarios, se refuerza el mensaje de que ninguna ciudad es segura. Esto disuade a quienes huyen de la violencia o la pobreza extrema, y rompe los lazos de confianza entre las comunidades migrantes y las autoridades locales, incluso en contextos no relacionados con la migración.

Según datos del Pew Research Center, al menos 10.5 millones de personas viven como indocumentadas en Estados Unidos, muchas de ellas provenientes de México, Centroamérica, Venezuela y el Caribe. Un porcentaje importante reside en ciudades santuarios como Los Ángeles, Chicago o Nueva York. La decisión de Adams, por tanto, afecta indirectamente a las familias, redes y comunidades transnacionales que dependen de cierta estabilidad legal para vivir y enviar remesas a sus países de origen.

Además, el contexto electoral agrava el panorama. Con una narrativa antimigrante tomando fuerza en campañas políticas, decisiones como la de Adams pueden ser utilizadas para justificar futuras acciones federales más agresivas. El riesgo no es solo para quienes están en Rikers, sino para cualquier persona que, en el futuro, cruce caminos con el sistema penal local.

El Concejo Municipal ya advirtió que defenderá las leyes santuario en caso de que se viole la prohibición de cooperar en procesos de deportación civil. Por ahora, la administración insiste en que se limitará a compartir información sobre “comportamientos criminales”. Pero como ha ocurrido antes, los límites son fáciles de cruzar cuando se normaliza la presencia de ICE en los sistemas locales.

Para quienes han dedicado su vida a resistir estas políticas, no se trata solo de una oficina más dentro de una cárcel. Es un símbolo del lugar que ocupa la comunidad migrante en el proyecto político de una ciudad.

Mientras tanto, las personas migrantes en Nueva York —y en todo el país— siguen enfrentando un dilema constante.