EE. UU. aprieta a los Chapitos: exhibe su red de negocios y farmacias
Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán están en apuros, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio un paso relevante para estrangular sus operaciones financieras.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de dicha dependencia impuso sanciones contra ocho personas mexicanas y doce empresas con supuestos vínculos con el suministro de precursores químicos al Cártel de Sinaloa, en particular a “La Chapiza”.
Bajo la sanción, todos los bienes de esos individuos y entidades localizados en Estados Unidos quedan congelados, y se prohíben las transacciones de ciudadanos o entidades estadounidenses con ellos.
Entre los sancionados figuran miembros de la familia Favela López (que ya habían sido señalados en otras ocasiones) y empresas como Sumilab, Agrolaren, Favelab, Qui Lab, Storelab, Macerlab, Prolimph, Roco del Pacífico, entre otras.
En el comunicado oficial, John K. Hurley, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, sostuvo que esta red sancionada es responsable del “tráfico ilícito de precursores químicos” para la fabricación de fentanilo, una droga que ha provocado miles de muertes por sobredosis en la Unión Americana.
El gobierno estadounidense ya había adoptado medidas previas vinculadas al combate al tráfico de opioides y lavado de dinero, incluyendo la designación del cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO) y “terrorista global” (SDGT) en febrero de 2025.
¿Qué impacto busca EE. UU. contra los “Chapitos”?
La medida del 6 de octubre representa una presión financiera, diplomática y operativa sobre “La Chapiza”, con sanciones que apuntan al eslabón clave que permite la manufactura de fentanilo: los intermediarios que proveen precursores químicos, empresas fachada, laboratorios y redes de distribución. Al cercar esa cadena, se busca dificultar la producción y operación del cártel.
Entre las personas sancionadas destaca Martha Emilia Conde Uraga, alias “La Martita”, quien provee de químicos esenciales para la producción de drogas a los hijos del “Chapo” Guzmán.
Con sus bienes congelados en Estados Unidos y prohibidas las transacciones con entidades americanas, los sancionados quedan en una posición vulnerable frente al sistema financiero internacional. Esto puede dificultar su acceso a servicios bancarios legítimos y aumentar los riesgos de que otros actores les retiren apoyos para no contaminarse legalmente.
Este anuncio no es un caso aislado, sino el complemento de una estrategia más amplia. Desde junio de 2025, el Tesoro ya había emitido órdenes que prohíben ciertas transferencias financieras relacionadas con tres instituciones mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector) por su vinculación con el lavado de dinero del narcotráfico.
Además, la administración estadounidense ha ejercido presión diplomática para que México investigue y, de ser el caso, extradite políticos con vínculos al crimen organizado, bajo amenaza de nuevas sanciones comerciales si no actúa.