Dos sistemas penales, una misma deuda: la justicia en México le sigue fallando a las víctimas y sus familias
Aunque el sistema penal acusatorio prometió mayor transparencia y celeridad, las familias de víctimas de feminicidio siguen enfrentando procesos lentos, diferidos y desgastantes. Entre expedientes del viejo sistema y recursos que favorecen a los agresores, la justicia continúa siendo una batalla cuesta arriba.
En México, el camino hacia la justicia para las víctimas de feminicidio está lleno de obstáculos. No solo por la brutalidad del crimen, sino porque las familias —madres, hijas, hijos, hermanas, amigas— deben enfrentar un sistema judicial que históricamente ha sido negligente, lento y permisivo con los agresores. Un sistema que, en lugar de reparar, revictimiza.
El cambio al sistema penal acusatorio en 2016 prometía poner fin a esa violencia institucional. A diferencia del modelo inquisitivo anterior —caracterizado por procesos escritos, opacos y centralizados en el Ministerio Público—, el nuevo sistema prometía transparencia, oralidad, equilibrio entre las partes y mayor protección a los derechos humanos. Sin embargo, miles de casos siguen atados al sistema anterior, y con ello, a sus vicios: lentitud, burocracia y una carga desproporcionada sobre las víctimas.
Dos sistemas, una misma impunidad
El feminicidio de Campira Lisandra Camorlinga Alanís, ocurrido el 31 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México, es un caso emblemático de cómo la justicia penal mexicana le sigue fallando a las víctimas y a sus familias. Campira era madre, amiga, hija, estudiante, mujer. La hipótesis inicial: Suicidio, sin embargo, gracias a la lucha de su madre, Margarita Alanis, en esta ocasión, las autoridades sí preservaron la escena, realizaron peritajes y clasificaron el delito como feminicidio.
Esto fue posible en parte gracias al cambio estructural que significó la entrada en vigor del sistema penal acusatorio. El agresor, Jorge Humberto “N” (conocido como el “matanovias”)—, fue procesado y condenado. En abril del 2024 se obtuvo una sentencia inicial de 60 años de prisión, pero esta fue reducida a 50 años, tras una apelación interpuesta por la defensa. Hoy, la resolución del último amparo promovido por el feminicida sigue pendiente. A 8 años del feminicidio, el proceso sigue abierto y sin una conclusión definitiva.
Más allá del expediente judicial, están las consecuencias humanas de esta demora. Los hijos de Campira han crecido sin su madre, sin justicia, y sin ser plenamente reconocidos como víctimas indirectas. La falta de resolución oportuna no solo prolonga el desgaste emocional, también impide el acceso a mecanismos de reparación integral, verdad y memoria.
La historia de Campira también obliga a mirar hacia atrás: su feminicidio pudo haberse prevenido. Jorge Humberto “N” ya contaba con una denuncia previa del 2014, que no fue atendida con debida diligencia. Esa omisión institucional, ese “no actuar a tiempo”, permitió que se concretara un crimen que pudo haberse evitado. No basta con responder después del daño: el Estado debe ser capaz de prevenir.
El sistema anterior y el nuevo: ¿qué cambió y qué sigue igual?
El sistema penal anterior era predominantemente escrito, con expedientes que podían perderse entre trámites administrativos y decisiones del Ministerio Público. Las víctimas rara vez tenían voz o acceso a la información del caso, y los procesos se extendían sin límite, con tiempos inciertos y sin la obligación de resolver en plazos razonables.
En cambio, el sistema penal acusatorio introdujo la oralidad, la publicidad de las audiencias, el principio de igualdad entre las partes y mecanismos para evitar la tortura o el uso de pruebas obtenidas ilícitamente. Las familias ahora pueden tener un papel más activo, con acceso al expediente y participación en audiencias. Sin embargo, la promesa de mayor agilidad muchas veces no se cumple, y los diferimientos, apelaciones y recursos interpuestos por las defensas siguen entorpeciendo los procesos.
Así, aunque el nuevo sistema representa un avance formal, en la práctica persisten dinámicas que desgastan y revictimizan a quienes buscan justicia. La carga sigue siendo inmensa para las familias, y los agresores continúan encontrando formas legales de retrasar una sentencia firme.
Víctimas indirectas: justicia postergada, duelo suspendido
Los procesos iniciados bajo el sistema anterior, no solo perpetúan la impunidad, sino que condenan a las familias al desgaste emocional, económico y físico. Las familias deben revivir los hechos en cada audiencia y la sociedad entera carga con las consecuencias de una justicia que llega tarde o no llega nunca.
Este proceso, muestra cómo la impunidad institucional permite que los feminicidas reincidan. Si el feminicidio cometido por Jorge Humberto “N” en 2014 se hubiera investigado con debida diligencia y perspectiva de género desde el inicio, Campira podría estar viva, viendo a sus hijos crecer. Pero el Estado actuó tarde, y esa omisión costó no solo la vida de Campira, sino también la tranquilidad y el futuro de sus hijos, quienes llevan ocho años creciendo sin su madre, sin justicia y sin ser plenamente reconocidos como víctimas indirectas.
La deuda sigue viva
La justicia en México está en deuda con quienes han sido víctimas de un feminicida y con quienes sobreviven buscando justicia. Mientras los agresores pueden apelar, diferir, ampararse y ganar tiempo, las madres y familias deben esperar. Mientras los expedientes se acumulan, el duelo se detiene. Mientras el sistema avanza en papel, en los juzgados el tiempo se congela.
Un sistema que no sanciona con prontitud es un sistema que permite que el feminicidio se repita. No basta con cambiar las leyes. Es urgente que el Estado asuma su responsabilidad con las víctimas. Porque detrás de cada nombre hay una madre, una hija, una hermana, una sociedad que exige: justicia sin dilación, sin revictimización y sin excusas.
