Condenaron a Cristina Kirchner a 6 años de prisión y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos
En un fallo que profundiza la grieta institucional en Argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.
La decisión fue unánime entre los tres jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.La ratificación de la sentencia —dictada originalmente en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2— clausura las vías ordinarias de apelación y deja firme una condena cuestionada no sólo por sectores políticos y sociales, sino también por juristas que denuncian su debilidad probatoria. Según la propia Corte, “el debido proceso ha sido salvaguardado” y la decisión se basa en “una sentencia fundada en la ley”, aunque distintas voces sostienen que se trató de un juicio armado sobre pruebas indirectas y sin vínculo directo con la acusada.
Fernández de Kirchner, de 72 años, podría solicitar cumplir su pena en prisión domiciliaria. Además, la Corte mantuvo su absolución por el delito de asociación ilícita, una figura clave que había sido promovida por la fiscalía para reforzar la idea de una estructura criminal durante los gobiernos kirchneristas.
Un fallo con fuerte olor a proscripción
La decisión judicial generó un rechazo inmediato por parte de amplios sectores políticos, sindicales y de derechos humanos, que denuncian una clara maniobra de proscripción. Diversas organizaciones sociales y sindicales, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), emitieron comunicados en los que alertan sobre “el uso del Poder Judicial como herramienta para condicionar la voluntad popular”.
“Esto ya lo vimos en Brasil con Lula. Se repiten patrones: fallos débiles, operaciones mediáticas, y una justicia funcional al poder real que busca decidir quién puede y quién no puede competir electoralmente”, advirtió Juan Carlos Schmid, titular de la CATT.
Desde temprano, miles de personas se congregaron frente a la sede del Partido Justicialista en la calle Matheu. Hubo cortes de rutas y accesos a la ciudad de Buenos Aires, y un despliegue policial desproporcionado que reforzó la tensión política y social del momento.
El pacto democrático, en riesgo
Horacio Pietragalla, exsecretario de Derechos Humanos y nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, fue tajante: “Hoy se rompe el pacto democrático. No es solo una condena contra una dirigente, es un mensaje para cualquiera que desafíe los intereses de los sectores concentrados del poder”.
El senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, sumó que “el pueblo argentino va a reaccionar ante esta mentira. La condena a Cristina es una herramienta más del gobierno de Milei para disciplinar a la oposición”.
En paralelo, agrupaciones políticas como Primero la Patria convocaron a movilizarse en defensa de Fernández de Kirchner y en rechazo al fallo. “No habrá democracia plena mientras la Justicia actúe como partido judicial”, señalaron en un comunicado que fue suscrito por dirigentes de diversas provincias y espacios.
Cuestionamientos desde el derecho
Especialistas en derecho constitucional han advertido sobre el riesgo que representa esta sentencia para la vigencia de principios básicos del Estado de Derecho. Entre las principales críticas, se destaca la escasa contundencia de las pruebas, la falta de conexión directa entre la expresidenta y las supuestas irregularidades, y el uso del artículo 280 del Código Procesal para rechazar el recurso sin necesidad de justificarlo con profundidad.
“El estándar que deja hoy esta Corte es peligrosísimo. Si este es el umbral de prueba que se necesita para condenar, el presidente actual debería estar ya citado en otras causas, como el caso Libra, donde hay pruebas directas de incompatibilidades”, advirtió un constitucionalista en off.
Una herida abierta en la democracia argentina
La confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner marca un antes y un después en la historia reciente del país. Si bien la exmandataria no había oficializado ninguna candidatura, su exclusión de la competencia electoral se interpreta como una estrategia para neutralizar políticamente a una figura central de la oposición. La causa Vialidad, que investigó la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas en Santa Cruz, se convierte así no solo en un caso judicial, sino en un símbolo de disputa por el sentido de la democracia, la justicia y el poder en la Argentina actual.
