Ciudades santuario, ¿por qué importa lo qué sucede en Los Ángeles?
Los Ángeles no es solo una de las urbes más grandes y diversas del país. También es, desde hace más de cuatro décadas, un símbolo de resistencia local frente a las políticas migratorias federales. En 1979, su Departamento de Policía adoptó la llamada Special Order 40, una política que prohibía a los agentes indagar sobre el estatus migratorio de las personas arrestadas.
Desde entonces, Los Ángeles ha reforzado su compromiso con la comunidad migrante. En 2023, el Concejo Municipal codificó en ordenanza local lo que ya era práctica institucional: prohibir que los recursos públicos de la ciudad —ya sea personal, información o instalaciones— se usen para asistir a agencias como ICE (Immigration and Customs Enforcement). Estas decisiones no surgieron de la nada: responden a una historia larga de migración, territorio y organización comunitaria.
El operativo federal y la ruptura del pacto santuario
La mañana del 6 de junio de 2025, múltiples redadas fueron ejecutadas por agentes federales en distintos puntos de la ciudad: una fábrica en el Fashion District, un Home Depot en Van Nuys y al menos otros tres sitios de trabajo. ICE reportó la detención de más de 100 personas, muchas sin antecedentes criminales de acuerdo a reportes de medios locales y los protestantes. Para el atardecer, cientos de personas ya se congregaban frente a edificios federales, exigiendo liberaciones inmediatas.
La respuesta fue rápida y contundente: protestas lideradas por comunidades. La ciudad respondió con un toque de queda de 8 p.m. a 6 a.m., mientras que la administración en turno autorizó el despliegue de miembros de la Guardia Nacional y 700 marines. La decisión fue tomada sin consultar a Gavin Newsom, gobernador de California, o a las autoridades locales. Lo que se suponía que era una ciudad santuario, se convirtió, por días, en una ciudad sitiada.
¿Qué significa ser una ciudad santuario?
Una ciudad santuario es una jurisdicción —ya sea una ciudad, condado o incluso estado— que adopta políticas para limitar su colaboración con las agencias federales de inmigración. Estas políticas se amparan en la Décima Enmienda de la Constitución, que prohíbe al gobierno federal obligar a gobiernos locales a ejecutar funciones que son de su competencia exclusiva.
Según estudios de Eric Kittrie y Teresa Sullivan, estas políticas se articulan en tres ejes:
- “don’t ask”, es decir, no preguntar el estatus migratorio durante detenciones locales.
- “don’t enforce”, o negarse a utilizar recursos municipales para hacer cumplir leyes migratorias.
- “don’t tell”, lo que implica no compartir información con ICE sin una orden judicial
Estas ideas no son nuevas. Surgieron en los años 80, cuando iglesias y comunidades religiosas brindaban refugio a personas migrantes que huían de la violencia en Centroamérica. En 1985, San Francisco se convirtió en pionera al prohibir oficialmente el uso de fondos públicos para apoyar labores migratorias. Los Ángeles, con su Orden Especial 40, ya llevaba años de ventaja.
Con el tiempo, otras ciudades se sumaron: Nueva York, Chicago, Boston, Seattle, entre muchas otras. Algunas incluso fueron más allá, creando fondos de defensa legal para personas migrantes, prohibiendo el acceso de ICE a cárceles locales o estableciendo oficinas municipales de asuntos migratorios.
Un precedente sin comparación
Aunque ha habido tensiones entre ciudades santuario y el gobierno federal —sobre todo en 2017, cuando se intentó recortar fondos a estas ciudades—, lo ocurrido en Los Ángeles en junio de 2025 representa un giro drástico. Nunca antes se había desplegado fuerza militar federal de esta magnitud en una ciudad santuario. Nunca antes se había violado tan abiertamente la autonomía local con base en razones migratorias.
La comparación con los años ochenta no es suficiente. Entonces, las iglesias eran espacios de
protección física, pero no enfrentaban la amenaza de tropas armadas. Incluso cuando la resistencia santuario creció en ciudades como Chicago o Austin, las reacciones federales fueron legales, no militares.
Lo que distingue a junio de 2025 no es solo la violencia, sino su carácter coordinado: redadas en sitios estratégicos, operaciones simultáneas, una narrativa desde el Ejecutivo que describe las ciudades santuario como “focos de impunidad”. En los días posteriores, medios difundieron imágenes de banderas mexicanas ondeando entre humo y arrestos, apuntalando una narrativa de caos y amenaza extranjera.
¿Por qué importa?
Primero, porque cuestiona los límites del poder federal. El American Immigration Council sostine que "el gobierno federal no puede obligar legalmente a los gobiernos locales a colaborar con ICE". Cualquier intervención que busque imponer esa cooperación por la fuerza entra en conflicto con el federalismo estadounidense y con derechos civiles básicos.
Segundo, porque los estudios lo respaldan: ser ciudad santuario no incrementa el crimen. Al contrario, investigaciones del Center for American Progress y publicaciones académicas en Sociology Compass han mostrado que estas políticas fomentan la seguridad, la confianza comunitaria y una mayor cohesión social. En lo económico, los condados santuario han mostrado mejores indicadores de empleo y crecimiento.
Y tercero, porque lo ocurrido en Los Ángeles sienta un precedente: si la intervención federal militar puede darse en una ciudad que se ampara en principios constitucionales, ¿qué le espera a otras comunidades que disientan de las políticas federales en salud, género, educación o medioambiente?
El conflicto no ha terminado. El estado de California presentó una demanda contra la administración federal por el uso de la Guardia Nacional sin autorización. Y, más importante aún, las comunidades migrantes han respondido con protestas, redes de apoyo legal y acciones que recuerdan —y renuevan— el espíritu santuario original.
Quizá la gran lección de junio de 2025 sea que una ciudad santuario no es solo una política, una ordenanza o una ley. Es una decisión política de fondo. Una forma de defender, desde lo local, el derecho de las personas a vivir sin miedo.
Y cuando ese pacto es quebrado, como lo fue en Los Ángeles, lo que está en juego no es solo la política migratoria. Es el sentido mismo de lo que puede —y debe— proteger una ciudad.
