Campaña de reclutamiento de ICE: patriotismo como fachada del control migratorio
En julio de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña nacional de reclutamiento que con ciertas similitudes nos recuerdan a viejas campañas de guerra. Con carteles que evocan al Tío Sam y frases como “Tu país te llama a servir” o “Defiende la patria”, la administración Trump ofrece bonos de hasta 50,000 dólares, con donación de préstamos estudiantiles y planes de retiro mejorados a quienes decidan enlistarse como agentes de deportación, investigadores o abogados migratorios.
El mensaje es claro: en la narrativa del gobierno, el cumplimiento de las leyes migratorias ya no es solo un asunto administrativo, sino un deber patriótico que exige “valentía” y “sacrificio”. El recurso no es nuevo. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, carteles de propaganda militar apelaban al heroísmo para alistar soldados. La diferencia hoy es que el “enemigo” no es el genocidio, sino millones de personas indocumentadas que viven, trabajan y estudian en Estados Unidos.
Un aparato en expansión sin precedentes
El plan está respaldado por cifras monumentales. El Congreso aprobó recientemente un paquete de 170,000 millones de dólares para seguridad fronteriza y migratoria durante los próximos cinco años. De ese monto, ICE recibirá 76,500 millones, casi diez veces su presupuesto actual. El objetivo declarado: alcanzar un millón de deportaciones anuales, es decir, unas 3,000 detenciones diarias.
Esto implicará la contratación de 10,000 nuevos empleados, la ampliación de centros de detención y la dependencia creciente de contratistas privados.
Jason Houser, exjefe de personal de ICE bajo la administración Biden, advirtió que relajar los estándares de contratación podría repetir el precedente de la Patrulla Fronteriza en los años 2000, cuando un crecimiento acelerado derivó en un aumento de casos de corrupción, abusos y violaciones a derechos humanos. “Si comienzan a dejar de lado requisitos, como lo hicieron con la Patrulla Fronteriza, van a tener un aumento exponencial de agentes despedidos luego de tres años porque hay algún problema”, alertó.
El disfraz patriótico
Más allá de los incentivos económicos, lo que distingue esta campaña es su discurso. ICE no solo busca empleados, busca soldados de una guerra cultural. La apelación al “deber nacional” legitima un aparato de control que impacta directamente en comunidades migrantes y latinas.
El sociólogo Benedict Anderson planteó que las naciones son “comunidades imaginadas”, construidas por símbolos, relatos y rituales que dan la ilusión de unidad. En este caso, la campaña de ICE refuerza una narrativa donde el “ser estadounidense” se define en oposición al migrante. El patriotismo se convierte en la coartada perfecta para justificar políticas de exclusión.
La retórica no es aislada. En Europa, partidos de extrema derecha han usado campañas similares para vincular la seguridad nacional con la persecución de migrantes.
Una política de miedo
ICE opera en tribunales, negocios, estaciones de transporte y hasta iglesias. Estas prácticas ya han sido cuestionadas por defensores de derechos humanos, legisladores demócratas y organizaciones comunitarias. La diferencia ahora es la escala.
Un aparato de deportación con más agentes, más presupuesto y menos supervisión tiene efectos directos en la vida cotidiana de los migrantes. No se trata solo de cifras abstractas: son familias enteras sometidas al miedo de ser separadas, niños que crecen con la ansiedad de que sus padres no regresen del trabajo, comunidades que se repliegan en la invisibilidad.
El filósofo Giorgio Agamben acuñó el concepto de “estado de excepción” para describir contextos en los que los gobiernos suspenden derechos en nombre de la seguridad. La expansión de ICE parece un ejemplo contemporáneo: un aparato legal y burocrático que funciona con lógicas de guerra contra personas cuyo “delito” es no tener papeles.
La trampa de los incentivos
Los bonos de 50,000 dólares y la condonación de préstamos estudiantiles revelan otra capa del problema. El gobierno no solo recluta en nombre de la patria, también lo hace a partir de la precariedad económica de los estadounidenses. Ante deudas y falta de empleos estables, convertirse en agente de deportación aparece como una salida “rentable”.
Aquí conviene recordar a Michel Foucault, cuando hablaba del biopoder: la capacidad del Estado de administrar la vida y la muerte, no solo por la violencia directa, sino también moldeando las decisiones de los individuos. Reclutar jóvenes endeudados para deportar migrantes es un ejemplo palpable de cómo el poder se ejerce a través de la economía y el discurso patriótico.
La campaña de ICE no es simplemente un programa laboral más. Es un espejo de hacia dónde se dirige la política migratoria de Estados Unidos: hacia la normalización de la deportación masiva como proyecto nacional.
La sociologa Saskia Sassen lo adverte: “las prácticas de exclusión hacia migrantes suelen ser un laboratorio para ensayar formas de control que después se expanden a otros sectores de la sociedad”. En otras palabras, lo que hoy se prueba con comunidades indocumentadas mañana puede convertirse en norma para todos.
