Ante ruptura de acuerdos por parte de autoriades, familias buscadoras cierran Calzada de Tlalpan y exigen diálogo

Nueve familias decidieron levantar casas de campaña y ocupar el espacio público como medida de exigencia ante la omisión institucional que, lejos de ofrecer respuestas, les dio la espalda una vez más.

En exclusiva para La Audiencia, María del Carmen Volante, madre de Guadalupe Pamela Gallardo Volante —desaparecida el 5 de noviembre de 2017 en la alcaldía Tlalpan— compartió que el cierre de la Calzada comenzó desde las 6:00 de la mañana del domingo, tras ser notificada que la búsqueda programada desde hace 7 años y 8 meses sería drásticamente limitada. La Fiscalía de Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México habían confirmado una jornada de rastreo del 19 al 23 de mayo en el Ajusco. Sin embargo, dos días antes, vía Zoom, le comunicaron que solo se permitirían tres días, con acceso restringido y apenas cuatro personas solidarias acompañando al personal institucional.

Para María del Carmen, esta decisión representa una clara forma de represión. “Quienes encontramos a nuestras hijas e hijos somos las familias, no las autoridades”, señala. “Ellos no buscan como nosotras. Nosotras rastreamos, escarbamos, caminamos cerros enteros. Y ahora, nos salen con esto”. La negativa institucional no solo vulnera su derecho a la verdad, sino que incumple los acuerdos firmados en minutas oficiales.

Durante la madrugada del lunes, el gobierno capitalino había acordado una reunión para el día martes 20 de mayo a las 7:30 a.m. con las familias buscadoras para recibir su pliego petitorio y generar acuerdos. Sin embargo, media hora antes, el encuentro fue cancelado de forma abrupta y condicionada: la reunión solo se celebraría si levantaban la toma. Peor aún, Juan Gutiérrez Márquez, Coordinador General de Concentración Política, Prevención y Buen Gobierno, minimizó la gravedad de la situación, argumentando que “había otras desgracias y emergencias prioritarias”.

Ante el reclamo de las familias por este trato, la respuesta de Gutiérrez Márquez, fue: “Entonces háganle como quieran”.

Esta frase, sumada a la omisión deliberada, encendió las alertas. En otras movilizaciones, como las del Pueblo Otomí, la presencia de Gutiérrez Márquez ha sido el preludio de represiones violentas. María del Carmen Volante hizo un llamado urgente a la sociedad civil, medios y colectivos a acuerpar el plantón y proteger a las familias buscadoras, quienes lo único que exigen es ejercer su derecho a la búsqueda y a la verdad.

“Que ninguna familia más viva esto”: testimonios de dolor y dignidad

Graciela Gutiérrez Montes, madre de Juan Manuel Chávez Gutiérrez, desaparecido en 2009 en Chalco junto con otras cuatro personas, también participa en el plantón. Con más de 16 años de lucha a cuestas, Graciela afirma que no descansará hasta encontrar a su hijo.

“Queremos que nos escuchen, que nos hablen personas con la capacidad de decidir. No merecemos esta indiferencia institucional”, dijo.

Desde su testimonio, urge a la sociedad a mirar de frente la crisis de desaparición: más de 126,000 personas no localizadas y más de 88 homicidios diarios en el país. “No queremos más familias rotas, no queremos más madres buscadoras”, afirma. “Ya basta de ignorar nuestro dolor.”

Gabriela Alonso Villarruel, hermana de Yudhisthir Piña Villarruel —desaparecido el 30 de septiembre de 2024 y localizado sin vida el 14 de octubre de ese mismo año gracias a la búsqueda independiente de sus familiares y amigos— también compartió su experiencia. Denunció que el gobierno de la Ciudad de México se ha negado a establecer canales reales de diálogo, enviándolas con personas sin rango o capacidad para dar soluciones.

Gabriela afirma que ni siquiera esta toma de Calzada de Tlalpan ha sido suficiente para llamar la atención de las autoridades. “Queremos hablar con el Gobierno Federal, no con operadores locales que solo vienen a dar evasivas. Exigimos respuestas, no simulaciones”, sentencia.

"No somos un caso aislado, somos miles": el grito de Nara Yani Piña Villarruel

Por su parte, Nara Yani Piña Villarruel, prima de Yudhisthir, señaló que el plantón se instaló en ambos sentidos de la Calzada Tlalpan. Denunció que han sido ignoradas por el Gobierno Federal, enviadas de un funcionario a otro, sin que nadie asuma la responsabilidad de escuchar sus demandas.

“Nos han revictimizado durante años. Tenemos carpetas de 15, 16, 8 y 7 años de antigüedad con los mismos patrones: omisión, negligencia y violencia institucional”, asegura. Nara se sostiene, dice, por el amor a su primo y a todas las víctimas. Pero reconoce que el cansancio pesa y la indignación crece.

Llama a la jefa de Gobierno Clara Brugada y a la presidenta Claudia Sheinbaum a no ser indiferentes. “No solo atiendan a la clase política o poderosa. Atiendan al pueblo, a las madres, a quienes buscamos en este país tan indiferente al dolor”, afirma. Exige la presencia de titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión de Derechos Humanos y de una representación de la ONU, así como una reunión urgente con la fiscal Bertha Alcalde Luján.

“La desaparición de nuestros familiares no es un hecho aislado. Es parte de una crisis estructural, una violencia que proviene del Estado. Somos víctimas de un gobierno que no busca. Y las madres y familias buscadoras somos víctimas colaterales de un país en conflicto”, denuncia.

Un plantón por la dignidad y contra el olvido

Entre lonas con frases como “Las víctimas no se eligen, se atienden” o “Apoyo total a los colectivos de búsqueda”, las familias se han instalado con casas de campaña, megáfonos y mantas en medio del asfalto. En los muros del metro Chabacano se leen nombres: Xóchitl, Pamela, Sofi, Jesica. Son los nombres de las hijas y hermanas que faltan. También hay pintas que preguntan “¿Dónde está Pamela?” y denuncian con fuerza: “Les buscamos porque les amamos”.

A pesar de la hostilidad institucional, la toma de la Calzada Tlalpan continúa. Las familias han recibido intimidaciones, intentos de manipulación e incluso se les ha hecho creer que algunos funcionarios eran del Gobierno Federal, cuando en realidad eran operadores locales sin capacidad resolutiva.

El plantón es una toma simbólica, sí, pero también profundamente política: un grito colectivo por la verdad, la memoria y la dignidad. No se moverán hasta que se cumplan los acuerdos, hasta que sus voces dejen de ser ignoradas.

Porque, como dicen ellas: no están todas, pero no se irán hasta encontrarlas a todas.