Amenaza de quema de expedientes, pone en riesgo la justicia de miles de víctimas en EdoMéx

Durante más de una semana, un grupo encabezado por la autodenominada colectiva Holy Yash ocupó las oficinas centrales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) en Metepec, con el objetivo de obtener un registro de víctima. La toma ocurrió sin cobertura mediática ni pronunciamientos inmediatos por parte del Gobierno estatal, hasta que Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana —víctima de feminicidio infantil en febrero de 2015— y de Daniel Quintana —víctima colateral del feminicidio de su hermana—, acudió a un trámite y descubrió que el inmueble estaba bajo control del grupo.

Lorena relata que, durante días previos, estuvo en contacto con personal de la CEAVEM, pero nunca le informaron de la ocupación. “Todos los días me daban largas, me decían ‘mañana, mañana’, cuando ya llevaban ocho días sin atender porque la Comisión estaba tomada”, cuenta. Al llegar, pensó que se trataba de un plantón, pero un servidor público le confirmó que se trataba de una toma. Al acercarse, fue encarada por la lideresa del grupo, quien la acusó falsamente de lucrar con el caso de su hija y le dijo que tenía en sus manos su expediente. Luego, la amenazó con quemar los documentos.

“No solo se trata del expediente de Fátima y Daniel, es el de miles de víctimas más. Esto vulnera nuestra seguridad, porque esos archivos contienen información confidencial de nuestros casos, direcciones, datos personales… en las manos equivocadas, pueden ponernos en riesgo de muerte”, denuncia Lorena, quien afirma haber grabado en video el momento en que la mujer asegura tener su expediente y el de otras víctimas. También advierte sobre el acceso no autorizado a computadoras y la posibilidad de que se copiara información con teléfonos celulares.

¿Qué significa tener un registro de víctima?

El registro de víctima es el reconocimiento formal —en el Registro Estatal o Nacional de Víctimas— para personas afectadas por delitos de alto impacto. Este estatus es la llave de acceso a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, como atención médica y psicológica, asesoría jurídica, apoyos de alimentación, transporte, hospedaje y, en su caso, compensaciones económicas.

En el Estado de México, la CEAVEM es la instancia que coordina estos servicios para víctimas de delitos como feminicidio, homicidio, desaparición, violencia sexual —incluida infantil—, trata, secuestro y violencia vicaria, entre otros. Para obtener este reconocimiento, normalmente la Fiscalía debe acreditar la calidad de víctima en una investigación y emitir un oficio que se presenta ante la Comisión. La autoridad está obligada a proteger datos personales y garantizar la confidencialidad de la información.

La gravedad de la quema o sustracción de expedientes

Los expedientes de la CEAVEM contienen evidencias, testimonios, domicilios, teléfonos y avances de investigación. Su destrucción o filtración puede romper cadenas de custodia, obstruir procesos judiciales y exponer a víctimas y testigos a represalias o nuevos ataques. Por ello, las amenazas de quema representan un riesgo directo a la justicia y a la seguridad de miles de personas.

Posibles delitos federales y contra las víctimas cometidos por Holy Yash

De acuerdo con la legislación vigente, los actos atribuidos a Holy Yash y sus acompañantes pueden configurar diversos delitos:

• Acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos (art. 211 bis, Código Penal Federal), por ingresar y manipular computadoras oficiales.

• Revelación indebida de información confidencial (arts. 210 y 211 CPF), al tener en su poder expedientes protegidos.

• Allanamiento de oficinas públicas (art. 139 CPF y correlativos estatales), por permanecer sin autorización en un inmueble oficial.

• Amenazas y coacción (arts. 283 y 284 CPF), al condicionar la entrega de instalaciones y documentos a demandas ilegales.

• Obstrucción de la justicia y alteración de la cadena de custodia (art. 225 CPF), al poner en riesgo evidencia documental de casos penales y de violaciones a derechos humanos.

• Delitos contra la dignidad de las víctimas (art. 225 bis CPF), al vulnerar su integridad y acceso a la justicia.

• Poner en riesgo el interés superior de la niñez (Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), al usar menores de edad como escudos humanos.

Omisiones y privilegios

Lorena asegura que, cuando las familias exigieron el retiro de la ocupante, fueron agredidas por policías estatales: “Nos golpearon, nos jalaron del cabello, nos pegaron con toletes, nos patearon. Mientras a ella le daban las llaves y el acceso total, a nosotras nos reprimieron”. Afirma que dentro de la toma había tres hombres y tres menores de edad, y que el DIF no intervino.

Las familias también denunciaron que la mujer recibió trato preferencial: se le permitió entrar y salir con insumos, sprays de gas pimienta y equipo, y fue trasladada por personal de la CEAVEM a un Hotel. “Privilegios de los que nunca gozamos los papás de Fátima cuando veníamos desde Monterrey a audiencias a pesar de contar con un mecánismo de protección y ser testigos protegidos. A nosotras, ni para un hotel, y a ella se lo pagaron”, dijo Lorena.

Respuesta oficial tardía

La respuesta de la autoridad llegó hasta el 31 de julio, cuando la CEAVEM emitió una tarjeta informativa anunciando que la atención a las víctimas se reanudaba en una sede alterna en Toluca (Juan Aldama 1321, Col. Universidad) y que los programas de apoyo no estaban en riesgo. No obstante, no se explicó cómo se garantizará la protección de la información confidencial ni quién autorizó el ingreso y acceso a los sistemas de la Comisión.

Exigencias de las familias

Las familias demandan al Gobierno del Estado de México, a la bFiscalía y a la CEAVEM:

• Resguardar y auditar de inmediato todos los expedientes y sistemas informáticos.

• Investigar y sancionar a quienes permitieron el ingreso y acceso a información confidencial.

• Cumplir con la legalidad en el registro de víctimas y no otorgarlo bajo presión o coacción.

“La Comisión de Víctimas es para quienes luchamos por verdad, justicia y memoria. No para quienes buscan lucrar con nuestro dolor”, concluye el comunicado de las familias.