Alex Marín: explotación sexual disfrazada de contenido

La reciente detención de Alejandro “N”, conocido en redes como Alex Marín, por la presunta explotación sexual de una adolescente de 16 años, expone una verdad incómoda: la pornografía puede ser una pantalla para encubrir delitos graves, como la trata de personas y el abuso sexual infantil.

Paula Pissaco 05-06-2025 / 09:45:13

La Fiscalía de Jalisco confirmó que Marín fue arrestado en Puerto Vallarta tras una denuncia interpuesta por la familia de la víctima, quienes descubrieron videos explícitos en plataformas digitales de contenido para adultos. Según las autoridades, el acusado habría utilizado una relación sentimental con la menor para manipularla emocionalmente e introducirla en una red de explotación sexual con fines comerciales.


¿Qué se le imputa?

Alex Marín podría enfrentar hasta 60 años de prisión por diversos delitos relacionados con trata de personas, producción y distribución de pornografía infantil, y aprovechamiento económico a partir de estos actos. Desde 2023, la ley en Jalisco ha endurecido las penas en estos casos, particularmente cuando involucran a menores. El uso de plataformas digitales como medio de difusión agrava aún más la situación legal del acusado.

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus, ha instado a otras posibles víctimas a denunciar, sugiriendo que este podría no ser un caso aislado.


Pornografía, poder y violencia: una industria con grietas estructurales

Este caso nos obliga a mirar más allá del escándalo mediático para cuestionar cómo opera la industria del contenido para adultos en México, y en qué medida facilita o invisibiliza dinámicas de abuso, control y violencia sexual, especialmente hacia mujeres jóvenes.

México es el sexto país en consumo de pornografía a nivel mundial, según datos de Pornhub. Más alarmante aún: un alto porcentaje de los consumidores tiene entre 18 y 24 años, y muchos comienzan a consumir pornografía desde los 10 años, como revela el estudio “No por ser hombre” de la organización Gendes.

La exposición temprana a este tipo de contenidos no solo moldea la sexualidad de los varones desde una perspectiva machista y autocentrada, sino que también legitima la violencia como forma de erotismo. Investigaciones internacionales muestran que el 88% de los videos pornográficos más vistos contienen algún tipo de violencia física, mientras que casi el 50% incluye violencia verbal.


¿Consentimiento o explotación?

El caso Marín no puede analizarse sin hablar del desequilibrio de poder, la manipulación y la violencia estructural. No se trata solo de “contenido para adultos”, sino de una industria con zonas grises, donde el consentimiento puede ser forzado, condicionado o directamente inexistente.

Cuando una menor es manipulada emocionalmente para participar en actos sexuales, grabados y difundidos con fines de lucro, no hay consentimiento posible. Hay delito. Y detrás del delito, una cadena de complicidades: productoras, plataformas, consumidores y discursos que normalizan la cosificación de los cuerpos y el deseo masculino como centro.


¿Qué sigue?

Además del proceso judicial, este caso abre una discusión urgente: ¿cómo regular una industria que se nutre del anonimato, la precariedad y el deseo? ¿Y cómo garantizar que el contenido que consumimos no esté alimentando redes de explotación?

Mientras tanto, el llamado es claro: no disfrazar la violencia sexual de “contenido” ni confundir el consentimiento con manipulación emocional. La pornografía, lejos de ser un terreno neutral, puede convertirse en un campo fértil para la impunidad si no se le mira con perspectiva de derechos humanos.


Paula Pissaco